La Comisión Europea ha planteado este martes apostar por operaciones conjuntas para agilizar las deportaciones a terceros países de migrantes llegados irregularmente a la Unión Europea y a los que no se concede protección internacional, una medida que Bruselas enmarca dentro de una «nueva estrategia operativa» que propone a los Veintisiete para acelerar las expulsiones y ayudar en destino a la reintegración de los migrantes.
La comisaria de Interior, Ylva Johansson, y la Coordinadora de Retornos de la UE, Mari Juritsch, han presentado en una rueda de prensa los detalles de la iniciativa que los ministros de Interior del bloque tendrán oportunidad de analizar por primera vez a finales de esta semana en una reunión informal en Estocolmo y que Bruselas espera que también esté sobre la mesa de los líderes de la UE en su cumbre del 9 y 10 de febrero.
La falta de cooperación por parte de los países de origen o tránsito es uno de los principales escollos para agilizar unos retornos que dependen de procesos burocráticos a menudo «largos y poco claros» para lograr los documentos de viaje necesarios, pero no el único, según han advertido las dos responsables comunitarias, que piden mejoras también en la gestión y cooperación entre Estados miembro.
«Incluso con aquellos países que no ponen barreras políticas ni problemas los retornos son del 15%», ha advertido Johansson, quien ha concedido que hay «mucho que mejorar» en las gestiones desde los países de la UE con aquellos terceros países que sí tienen «voluntad de cooperar».
Por ello, una de las ideas aboga por facilitar la cooperación entre Estados miembro que tengan «necesidades similares», de modo que puedan «unir fuerzas y apoyarse entre sí» con actividades operativas de retornos. En este contexto, la guardia de fronteras y costas de la UE (Frontex) adaptará «si fuera necesario» sus actividades a la asistencia necesaria.
Aunque Bruselas admite que faltan datos sólidos para evaluar la política de retornos por la disparidad de procedimientos dentro incluso de la UE, según datos de la agencia europea de estadística (Eurostat), apenas el 21% de las órdenes de expulsión dictadas en la UE se llevaron a cabo durante 2021 y sólo un 18% de los migrantes expulsados se acogieron al marco de retorno voluntario.
De manera general, la nueva estrategia que presenta el Ejecutivo comunitario se apoya en cuatro pilares: Acciones específicas sobre necesidades inmediatas –por ejemplo mediante operaciones conjuntas centradas en un grupo reducido y prefijado de países terceros–, acelerar el proceso de devoluciones, el asesoramiento para el retorno y la reintegración, y la digitalización de la gestión de devoluciones.
En este contexto, la propuesta pude una interacción «estrecha» entre las dimensiones interior y exterior de la política migratoria, con políticas y herramientas específicas, y que las actuaciones nacionales en esta materia sean «coherentes» y sirvan para «construir cooperación y solidaridad» entre los propios países de la UE.
Otra de las claves es avanzar en la digitalización de todos los procesos relacionados con los retornos, para contar con datos fiables y herramientas para analizarlos, además de reducir burocracia y agilizar los trámites.
Johansson ha defendido su propuesta para reactivar una estrategia de devoluciones de migrantes irregulares que sigue estancada pese a iniciativas como la de sancionar con restricciones de visados a los países que no cooperen en materia de deportaciones.
Asimismo ha indicado que la necesidad de aumentar significativamente los retornos de quienes no cuentan con protección internacional en la UE es también una de las prioridades del Pacto de Migración y Asilo que el bloque negocia desde hace años y para la que las instituciones de la UE se han marcado el objetivo de sentar las bases de un acuerdo político antes de que acabe este 2023.
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