La Comisión Europea reevalúa cómo afectará en el pago de fondos europeos anticrisis a Eslovaquia los cambios recientes en el código penal del país que implican la supresión de la Fiscalía Anticorrupción, ya que este órgano forma parte de uno de los compromisos con Bruselas asumidos por Bratislava para obtener el primer pago de las ayudas postpandemia.

El Ejecutivo comunitario dio su visto bueno preliminar al hito que fijaba las medidas para reforzar la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en Eslovaquia, como parte de la primera evaluación para autorizar el pago de los primeros 2.700 millones de euros.

Sin embargo, fuentes comunitarias informan a Europa Press de que ahora se están analizando «las posibles implicaciones» que los cambios legislativos recientes puedan tener en el hito comprometido; si bien precisan que no hay decisión tomada y que su conclusión se conocerá «a su debido tiempo».

Según informa la agencia Bloomberg este mismo lunes, Bruselas se dispone además a activar el mecanismo de condicionalidad contra Eslovaquia, un instrumento que hasta ahora Bruselas sólo ha aplicado a Hungría y que permite congelar partidas de ayudas comunitarias si considera que los fondos serán utilizados en el Estado miembro receptor en reformas que minen el Estado de derecho.

A este respecto, un portavoz comunitario consultado por Europa Press se ha limitado a decir que «en estos momentos no hay nuevos casos que anunciar», aunque el escrutinio de Bruselas sobre la situación del Estado de derecho en los 27 es continuo y «no dudará en tomar medidas» en el marco de la condicionalidad si considera que se dan las circunstancias.

En el caso de Eslovaquia, añaden las fuentes comunitarias, el Ejecutivo comunitario «está en el proceso de analizar la reciente reforma del Código Penal». Dicho análisis «sigue en marcha» y por tanto «no hay decisiones tomadas ni las hay pendientes de la aprobación política».