El objetivo es que se discuta en el Consejo de Agricultura del 26 de febrero

La Comisión Europea ya trabaja junto a los Estados miembro en el diseño del plan para reducir la carga administrativa de los agricultores con el objetivo de que este se debata en el Consejo de Agricultura, previsto para el 26 de febrero.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ya avanzó a principios de febrero que trabajaría junto a la presidencia del Consejo, que corresponde este semestre a Bélgica, en una rebaja de la presión burocrática para el sector agroganadero.

«Soy muy sensible al mensaje de que los agricultores están preocupados por las cargas administrativas», apuntó en rueda de prensa tras la reunión de jefes de Estado y de gobierno de la UE del pasado 1 de febrero.

«Pronto presentaremos más propuestas para ayudar a aliviar la presión a la que se enfrentan nuestros agricultores», ha reiterado este martes, coincidiendo con la derogación de la obligación para los agricultores de reservar una parte de las tierras de cultivo a barbecho para recibir parte de los apoyos de la Política Agraria Común (PAC).

Fuentes comunitarias han confirmado que Bruselas ha arrancado ya las consultas con las capitales, a las que ha pedido que faciliten información sobre posibles vías para abordar los problemas de los agricultores, cuyas protestas se han extendido por toda Europa.

El primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, advirtió también de que la agricultura se enfrenta hoy a una «lasaña de medidas» que van desde la carga que supone la aplicación del Pacto Verde Europeo hasta el exceso de regulación, unos problemas que ahora quiere atajar Von der Leyen.

Se trata de una nueva muestra de solidaridad con el sector que busca aplacar las movilizaciones que han aflorado a apenas cuatro meses de las elecciones europeas y que se suma, junto a la derogación de las normas de barbecho, a la retirada de la propuesta para reducir los pesticidas en un 50%.

Asimismo, la líder alemana se comprometió a garantizar la participación de los productores en la redacción de la nueva normativa sobre el uso de fitosanitarios y defendió el Diálogo Estratégico sobre el Futuro de la Agricultura, cuyas conclusiones, que se esperan a finales de verano –tras las elecciones–, constituirán la base de la próxima política agrícola comunitaria.