La Comisión Europea ha instado este martes a los Estados miembros a reducir la demanda energética, especialmente en productos derivados del petróleo, y ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre los mercados energéticos será prolongado, sin que se prevea una vuelta a la normalidad a corto plazo, pese a que por ahora no se registran problemas inmediatos de suministro en la UE.

«Aunque la paz llegara mañana, no volveríamos a la normalidad en un futuro previsible», ha señalado el comisario de Energía, Dan Jorgensen, en rueda de prensa tras la reunión informal de ministros del ramo, al subrayar que, incluso en ese escenario, «seguiría habiendo consecuencias», ya que la infraestructura energética en la región «ha sido dañada por la guerra y continúa deteriorándose».

Así, ha advertido de que «no debemos engañarnos pensando que las consecuencias de esta crisis serán de corta duración», al tiempo que ha insistido en la necesidad de actuar «con unidad» y «en estrecha coordinación» para evitar «respuestas nacionales fragmentadas» que puedan distorsionar aún más el mercado.

En este contexto, el comisario ha indicado que Bruselas presentará «bastante pronto» un paquete de iniciativas para proteger a familias y empresas, aunque ha evitado concretar un calendario exacto. «Estamos siguiendo la situación muy de cerca, que seguirá siendo muy dinámica y que, por tanto, seremos flexibles y estaremos preparados para proponer medidas cuando sea necesario», ha añadido.

Tal y como ha detallado, desde el inicio del conflicto los precios del gas han aumentado en torno a un 70% y los del petróleo un 60%, lo que ha incrementado en unos 14.000 millones de euros la factura de importación de combustibles fósiles de la UE en apenas un mes.

Aunque los ministros coinciden en que la seguridad de suministro se mantiene «relativamente protegida», gracias a la diversificación de proveedores y a la menor dependencia del Golfo, el comisario ha avisado de que persisten «tensiones en determinados mercados de productos», en particular en el diésel y el combustible de aviación, así como «crecientes restricciones en los mercados globales de gas» que están repercutiendo en los precios de la electricidad.

Ante este escenario, Jorgensen ha insistido en que resulta «extremadamente importante» actuar con unidad y evitar respuestas descoordinadas, al tiempo que ha defendido que las medidas que adopten los Estados miembros deben ser «específicas» y «temporales» y no agravar las condiciones de oferta y demanda.

TELETRABAJO Y REDUCCIÓN DE LA VELOCIDAD COMO MEDIDAS DE AHORRO

Asimismo, ha animado a los gobiernos a «hacer todo lo que puedan» para reducir la demanda energética, en particular en productos derivados del petróleo, y ha apuntado que pueden inspirarse en el plan de diez puntos de la Agencia Internacional de la Energía, que incluye medidas como el fomento del teletrabajo, la reducción de los límites de velocidad en carretera o el impulso del transporte público.

Entre otras opciones, también contempla la limitación alterna del uso del coche privado en grandes ciudades, el uso compartido del vehículo y la adopción de prácticas de conducción eficiente, tanto para vehículos comerciales como para el transporte de mercancías.

«Está claro que no se trata de un paquete único aplicable a todos por igual, en el que se espere que todos los Estados miembro implementen todas estas herramientas de reducción de la demanda, pero sí constituye un instrumento muy útil, y recomendamos firmemente que cada país evalúe qué opciones tiene a su disposición» ha añadido.

En paralelo, el comisario ha subrayado que la Comisión ya está trabajando en la coordinación del llenado de los almacenamientos de gas y en el refuerzo de la seguridad del suministro de petróleo, en un intento por anticiparse a posibles tensiones adicionales en los mercados y garantizar la preparación de la UE de cara a los próximos meses.

«Más vale estar preparados que lamentarlo después», ha advertido el político danés, que ha indicado también que Bruselas prepara un conjunto de herramientas más amplio que incluirá, entre otros elementos, medidas para facilitar el uso de instrumentos como los contratos por diferencia o los acuerdos de compra de energía, con el objetivo de desacoplar los precios del gas de los de la electricidad y reducir el impacto sobre los consumidores.