Cepsa considera «fundamental» acelerar el despliegue de los puntos de recarga de vehículos eléctricos públicos en España a lo largo de los próximos años como paso previo a extender la adopción de esta movilidad entre los usuarios que, en estos momentos, desconfían de esta tecnología ante las dudas sobre el uso diario de estos vehículos.

En 2023, solo el 12% de los vehículos vendidos en España estaban electrificados, lejos del 21% de la media europea, alcanzando únicamente el 1,2% del parque total en un contexto en el que la falta de infraestructura condiciona la evolución positiva de este mercado.

En España se han implantado más de 30.000 puntos de recarga, de los cuales solo en torno a 2.000 son rápidos o ultrarrápidos, lo que constituye una barrera significativa para los trayectos de larga distancia y para los usuarios que no disponen de carga doméstica.

Hoy en día, Cepsa calcula que los vehículos se encuentran estacionados el 96% del tiempo y en grandes ciudades el tiempo empleado en buscar aparcamiento puede suponer hasta el 25% del tiempo de uso.

PLAN RENOVE Y MÁS INCENTIVOS FISCALES

Así, más de seis de cada diez coches eléctricos no disponen de infraestructuras de carga en garajes privados, por lo que tanto desde el sector público como el privado abogan por reformar el sistema de ayudas recuperando incentivos como el Plan Renove, pudiendo aplicar el descuento directamente en los concesionarios.

Por otro lado, se propone diseñar incentivos en forma de desgravaciones fiscales o incentivos a empresas para impulsar la movilidad sostenible en sus flotas y la de sus trabajadores.

Asimismo, desde el sector energético también se habla de la «necesidad» de agilizar la tramitación y homogeneización de procesos de autorización entre las comunidades autónomas y distintos niveles de la administración pública en cuanto a los puntos de recarga y la concesión directa de las ayudas a la compra.