El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado los «avances logrados» en estas dos últimas décadas desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero ha advertido de que «persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación».

«Pese a los avances alcanzados, persisten barreras estructurales, desigualdades y situaciones de discriminación que exigen mantener y reforzar el compromiso colectivo con la plena aplicación de la Convención», ha señalado el CERMI, al tiempo que ha abogado por «continuar promoviendo reformas legales, políticas públicas inclusivas y medidas efectivas que garanticen la igualdad real y la participación plena de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social».

Así lo ha indicado en un manifiesto publicado este lunes con motivo del Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el próximo 3 de mayo, y que este año conmemora el vigésimo aniversario de la Convención bajo el lema ‘Una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro’.

El 3 de mayo fue declarado Día Nacional de la Convención en España por decisión del Consejo de ministros, a propuesta del CERMI, con el objetivo de reforzar el conocimiento y la toma de conciencia sobre la discapacidad como cuestión de derechos humanos.

Según el Comité, la efeméride cobra «especial relevancia» en 2026 al cumplirse veinte años de la adopción de la Convención, «instrumento que supuso un cambio de paradigma al reconocer a las personas con discapacidad como titulares plenos de derechos y protagonistas de sus propias decisiones vitales en igualdad de condiciones».

En su manifiesto, el movimiento social de la discapacidad subraya los «avances logrados» en estas dos décadas gracias a la Convención, entre ellos, «el fortalecimiento del reconocimiento jurídico de derechos, la mayor participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la gobernanza pública, los progresos en accesibilidad universal, el acceso al empleo y a la protección social, así como el reconocimiento del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad».

Además, se compromete a seguir impulsando «acciones de toma de conciencia, incidencia política y seguimiento del cumplimiento de la Convención», en su condición de mecanismo independiente de promoción y supervisión en España, «con el fin de que los principios de dignidad, autonomía personal, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y participación efectiva se traduzcan en realidades cotidianas para todas las personas con discapacidad.