La Oficina Nacional de Investigación (NBI) de Filipinas ha citado este martes a declarar a la vicepresidenta del país, Sara Duterte, después de que esta vertiera amenazas de muerte contra el presidente, Ferdinand Marcos Jr., su mujer, Liza Araneta, y el presidente del Parlamento, Martin Romualdez.

Según la citación, que ha sido entregada ya a la oficina de la vicepresidenta, Duterte tendrá que declarar ante el director del NBI, Jaime Santiago, este viernes a las 9.00 (hora local) para explicar lo sucedido varios días después de que dijera haber contratado a un sicario para asesinar al presidente si a ella le pasaba algo.

El documento indica que Duterte tiene un plazo de cinco días para «responder y explicar sus crecientes amenazas» dirigidas hacia Marcos y Romualdez, al tiempo que apunta a que ya se han iniciado las pesquisas y procedimientos para dar con el supuesto sicario.

«El NBI ha comenzado la búsqueda de este presunto asesino contratado por la propia Duterte. El Departamento de Justicia reitera su postura contra las amenazas por parte de altos cargos o funcionarios independientemente de cuál sea su cargo. Esto no será tolerado y debe ser abordado a través de los canales pertinentes», ha aseverado.

Santiago ha manifestado así que uno de los motivos por los que han decidido citar a la vicepresidenta es «para que pueda hablar formalmente y dejar constancia de las supuestas amenazas que ella misma ha estado recibiendo y a las que hace referencia». «De momento no habíamos recibido queja alguna por su parte», ha apuntado en declaraciones recogidas por el portal de noticias Rappler.

Las amenazas de Duterte podrían acarrear diversas consecuencias que van desde la inhabilitación hasta su posible procesamiento judicial. Desde el Departamento de Justicia afirman que analizarán todas las posibles opciones en relación con el caso.

Desde que ser vertieron estas acusaciones, el Mando de Seguridad Presidencial (PSC) ha intensificado y fortalecido sus protocolos de seguridad al tiempo que coordina sus acciones con las agencias y fuerzas de seguridad del país para «detectar, disuadir y defender de todas y cada una de las amenazas al presidente y a su familia».

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de mitad de mandato previstas para 2025. La hija del expresidente Rodrigo Duterte insiste en que está siendo objetivo de un complot para asesinarla y que la contratación de ese supuesto sicario responde a este entramado.

La disputa se intensificó en junio, provocando la dimisión de Duterte como ministra de Educación. Unos meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un «drogadicto», mientras que Marcos achacó estas declaraciones al grave deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Por ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones.