Pide al Gobierno reformar la ley para que no haya «interpretaciones» sobre el empadronamiento de migrantes
La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha acusado al Estado de transferir a Cataluña «lo equivalente a 0 euros» para políticas de acogida, y ha reclamado más competencias para el Govern en materia de migraciones.
«Trabajamos para garantizar los derechos de todas las personas, y lo hacemos con los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, conscientes de que necesitamos más, de hecho los querríamos todos», ha afirmado Verge este jueves en respuesta a una interpelación de Vox en el pleno del Parlament.
Ha añadido que mientras Cataluña no sea independiente el Govern exigirá al Estado «el respeto de las competencias y la capacidad de decisión de Cataluña en materia de acogida de las personas migradas y refugiadas, y el correspondiente traspaso de recursos», y ha añadido que así lo han reconocido diferentes sentencias judiciales.
La consellera ha sostenido que «con compromiso político» el Gobierno central podría traspasar esos recursos a la Generalitat, lo que asegura que permitiría al Govern reforzar las aulas de acogida, acompañar mejor a los jóvenes migrantes que vienen solos o a refugiados en sus necesidades y proceso de autonomía, ha enumerado.
Verge ha concretado que si el Govern tuviese competencias «podría acabar hoy mismo con la ilegalidad de las devoluciones en caliente en las fronteras», cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o reformar la Ley de Extranjería para acabar con vulneraciones de derechos, ha dicho textualmente.
REFORMAR LA LEY
La consellera ha reclamado al Gobierno reformar la Ley de bases del régimen local «para que no haya interpretaciones posibles sobre la obligación de empadronar por parte de los ayuntamientos», y ha propuesto que haya instrumentos sancionadores específicos y ágiles para quien lo incumpla.
Estas palabras llegan después de que el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, instase la semana pasada al Ayuntamiento de Ripoll (Girona) a informar de la gestión del empadronamiento en la localidad, al considerar que las actuaciones del consistorio –gobernado por la alcaldesa de Aliança Catalana, Sílvia Orriols– podrían suponer una «vulneración del ordenamiento jurídico vigente».
«Mientras el Estado no hace los deberes, nosotros hemos desarrollado una estrategia de empadronamiento para promover que los ayuntamientos cumplan con su deber», ha afirmado Verge, que ha destacado que el Govern también ha reforzado los servicios de primera acogida de los entes locales.
