El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP), ha justificado la intervención del Tribunal Constitucional (TC) que suspende de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque «es la primera vez que un Congreso de los Diputados llega al extremo que ha llegado» el actual «de forzar de la forma que lo ha hecho el espíritu y la forma de la ley».
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, el consejero de Justicia se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al hilo de dicha resolución del Pleno del TC adoptada este pasado lunes por la noche por seis votos frente a cinco, con la que se admitían las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas actualmente en tramitación en el Senado.
El consejero ha comenzado señalando que él sería el «menos adecuado» para pronunciarse sobre esta cuestión porque «ninguna de las dos normas afecta de lleno a la justicia», ya que el Consejo General del Poder Judicial «es un órgano de gobierno de los jueces, no es un órgano judicial en sí mismo, y el Tribunal Constitucional es un órgano de control político» que vela por que «se cumplan las reglas que establece la Constitución».
Nieto ha considerado, en todo caso, que «es importante que recuperemos el sentido común», que cree que «se ha perdido» en este sentido, y al respecto ha subrayado que «el Congreso de los Diputados, el Senado, el Parlamento de Andalucía, tienen una enorme responsabilidad que es legislar en nombre de todos los españoles o los andaluces, pero el hecho de tener una mayoría no es suficiente».
«Tenemos unas reglas que tenemos que cumplir, unos límites procedimentales», además de «la obligación de respetar a la oposición, y el hecho de tener el voto popular o una mayoría determinada no justifica saltarnos esos controles, no permite pisotear una visión diferente que pueda tener la oposición», ha continuado el consejero, que ha defendido además que «el trámite de un proyecto de ley responde mucho más a la calidad democrática de un parlamento» que el que se sigue para un decreto.
En esa línea, ha criticado, en relación a dicha reforma legislativa que apoyan los grupos que sustentan el Gobierno central, que hayan aprovechado «un decreto que reforma el Código Penal para reformar el CGPJ y el TC», y al respecto ha considerado que «es bastante obvio que aunque el Reglamento –y aunque los letrados de las Cortes ya avisaron de que no era el procedimiento ideal– pudiera permitirlo, la calidad democrática, la responsabilidad política, nos llevaría a usar otro procedimiento, y a que nunca se hubiera tenido que acudir a ese auxilio del Constitucional, que es cierto que es la primera vez que se produce, pero también es cierto que es la primera vez que un Congreso de los Diputados llega al extremo que ha llegado este de forzar de la forma que lo ha hecho el espíritu y la forma de la ley», ha concluido el consejero de Justicia.
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