El Ministerio de Cultura ha presentado este martes el Plan de Derechos Culturales con 146 medidas, de las que 100 se desarrollarán hasta 2027, y el resto hasta 2030. El documento ha contado con la participación «activa» de seis comunidades autónomas –Canarias, Murcia, Aragón, Cataluña, País Vasco y Asturias– y con una dotación inicial de más de 79 millones de euros (46 millones de nueva inversión).

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la directora general de Derechos Culturales, Jazmín Beirak, han presentado el Plan en el Museo Nacional Reina Sofía, acompañados por instituciones y entidades implicadas en el proceso de elaboración del documento.

Urtasun ha afirmado que se trata de un «gran plan» que aborda medidas concretas para «coser esa brecha y ahondar en la democratización de la cultura». «Son acciones para superar barreras que hacen que la cultura no sea considerada un derecho fundamental de la ciudadanía», ha indicado.

A su juicio, el plan «actualiza» las políticas públicas y pone a España en el despliegue de la agenda global «que entiende la cultura como un derecho humano». También ha resaltado la falta de visión a largo plazo de la política pública. «Aquí nos hemos parado para ver cómo queremos que sean las políticas culturales dentro de 10 o 15 años», ha afirmado.

Por su parte, Beirak, que ha detallado el contenido del plan, ha explicado que es un «proyecto de Estado» y que el compromiso de España con los Derechos Culturales es un compromiso que está suscrito a través de instrumentos internacionales. «Se entiende que tiene un sustento más allá del propio Ministerio», ha afirmado, antes de reconocer que «se ha tardado en poner en marcha este plan, pero debería continuarse».

La directora ha avanzado que algunas medidas tendrán un impacto directo, pero otras tienen una mirada a largo plazo, con las que pretenden consolidar un sistema estatal de derechos culturales en España. Las 146 medidas están ordenadas en cinco prioridades estratégicas: Garantizar la democracia cultural; Abordar los retos contemporáneos desde la cultura; Fortalecer el tejido profesional; Consolidar el marco de los derechos culturales; y Adaptar la administración pública al enfoque de derechos.

El plan se ha llevado a cabo con una metodología de participación en el que se han implicado más de 300 personas expertas en derechos culturales, entidades del tejido cultural, asociaciones profesionales de la cultura a través de 13 grupos de trabajo.

ESTUDIO SOBRE DESIGUALDAD EN LA CULTURA

El primer eje (Garantizar la democracia cultural) aborda las desigualdades de los derechos culturales. Se contempla medidas como ampliar los descuentos en los equipamientos del ministerio de Cultura para colectivos vulnerables, para incorporar, por ejemplo, a familias monomarentales o monoparentales o personas con discapacidad del 25 por ciento; o un Programa de intervención cultural en el ámbito penitenciario.

Dentro de este eje de desigualdades, Cultura pondrá en marcha, junto al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Estudio sobre Desigualdad en el Ámbito de la Cultura. «Sabemos que todas estas desigualdades existen, pero es necesario que tengamos datos para mejorar las políticas públicas que hagamos y para mejorar nuestra intervención», afirma Beirak.

Asimismo, se fomentará la participación activa y el apoyo a proyectos que ya existen en el tejido. Para ello, se ha abierto una convocatoria nueva de ayudas a proyectos culturales con especial impacto social, por valor de 4.450.000 millones de euros. En este bloque también destacan las medidas que vinculan educación y cultura, para las que se han destinado más de cuatro millones de euros a las comunidades autónomas para desarrollar proyectos artísticos y culturales en colegios e institutos y para formar al profesorado en materia cultural en el segundo semestre del año.

En el segundo eje (Retos contemporáneos), Beirak ha afirmado que es el más «extenso» porque consideran que la cultura puede dar una respuesta colectiva a muchos de los desafíos de la actualidad, en cuestiones como la igualdad de género, diversidad cultural y lingüística y el medio rural.

En este sentido, ya se ha presentado el Plan de Igualdad de Género en la Cultura y que incluye actuaciones como incorporar criterios de género en subvenciones y en contratos o la creación de la Unidad de Atención y Prevención de Violencias Machistas en el Sector Cultural, y que en los próximos meses se realizará un balance de cómo ha sido el desarrollo de la unidad.

Dentro de la línea de la diversidad cultural y lingüística, Cultura impulsará el reconocimiento del caló y el romaní en la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias. También el Plan contempla la existencia de proyectos culturales en el medio rural por valor de cuatro millones de euros, mediante unas trasferencias a las comunidades autónomas aprobadas en la pasada Conferencia Sectorial, como llevar el cine a los municipios rurales. Por otro lado, Beirak ha anunciado que van incorporar al sector en el Observatorio de Equidad de MITECO para que midan cuál es la desigualdad territorial.

Otro de los retos contemporáneos que aborda el Plan de Derechos Culturales es la salud física y mental, un asunto «fundamental» para Cultura por el que van a suscribir un acuerdo con el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad para llevar a cabo distintas acciones. Este bloque también recoge medidas relacionadas con la Agenda 2030 o con la Memoria Democrática.

LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El tercer bloque del Plan es Fortalecer el Tejido Profesional, que comprende medidas relacionadas con mejoras de las condiciones estructurales, como por ejemplo seguir avanzando en el desarrollo del Estatuto del Artista –con temas pendientes como la cotización de autónomos, ampliación de las titulaciones de formación profesional o el catálogo de enfermedades profesionales–. Además, en este sentido, Beirak ha comentado que está «ultimando» la reforma del Real Decreto 1435/1985, donde se incluyen cuestiones como el trabajo de menores, entre otros.

Cultura también considera fundamental fortalecer al propio tejido asociativo, profesional y sindical porque «cuanto más organizado esté el tejido cultural mejor será para el sector». Para ello, han puesto en marcha una ayuda de un millón de euros para asociaciones profesionales del ámbito de la cultura y sindicatos culturales. Este eje incorpora la mejora de los procedimientos que afectan al sector, como por ejemplo la ley de contratos del sector público, prevista para su desarrollo en 2026.

«Vamos a trabajar en la mejora de su aplicación y vamos a plantear la adaptación de la norma al ámbito de la cultura. Y luego, por último, en este eje no podía faltar la cuestión de la libertad artística y el freno a la injerencia y a la censura, que es una de las cuestiones fundamentales. Una sociedad con una libertad artística garantizada y una protección de los derechos de creación es una sociedad libre», ha asegurado Beirak.

Asimismo, Cultura pondrá en marcha un Código General de Buenas Prácticas, que aborda cuestiones como la transparencia, injerencia o los procedimientos administrativos, y en el caso de la censura y cancelaciones «arbitrarias», Beirak ha señalado que se irán estudiando «caso a caso».