La Liga Argelina de Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) ha confirmado que las autoridades argelinas han ordenado su disolución y ha denunciado una «instrumentalización» de la justicia por parte de los «poderes públicos» del país africano.
El organismo ha señalado a través de su cuenta en la red social Facebook que ha podido confirmar «la autenticidad de un documento que circula en redes sociales por parte de terceras personas, de forma intrigante e ilegal, relativa a una orden de un tribunal administrativo de Argel sobre la disolución de la LADDH».
Así, ha detallado que el Ministerio del Interior de Argelia presentó esta solicitud en mayo de 2022 y ha agregado que «el tribunal falló a favor el 29 de junio de ese mismo año». «El fallo que ordena la disolución de la LADDH tiene el 29 de septiembre como fecha», ha dicho.
«La LADDH estuvo ausente o fue evitada durante todo el proceso contra ella», ha señalado, al tiempo que ha denunciado que «al igual que otras organizaciones y partidos políticos, paga su compromiso, junto a millones de argelinos y argelinas, en el movimiento pacífico del Hirak».
El organismo ha hecho así referencia a las manifestaciones prodemocráticas que estallaron en 2019 contra la intención del entonces presidente, Abdelaziz Buteflika, para presentarse a un nuevo mandato y que han continuado desde entonces contra su sucesor, Abdelmayid Tebune.
La LADDH ha destacado su compromiso con «la democracia, las libertades y los Derechos Humanos». «Desde siempre, la LADDH, cuya historia se confunde con la de la nación, ha sido sometida al ostracismo y ha sido combatida por los poderes públicos», ha explicado en su comunicado.
«Siempre ha resistido y aún resistirá. La LADDH denuncia los continuos ataques implacables, incluida esta última decisión, que es de extrema gravedad», ha reseñado, al tiempo que ha desvelado que «estudiará la presente sentencia y hará valer sus derechos por todos los medios legales y legítimos a su alcance».
La LADDH, el principal organismo de defensa de los Derechos Humanos en el país africano, fue fundado en 1985 y recibió autorización para operar en 1989. El organismo se ha mostrado crítico con la represión de las protestas y la ilegalización de diversas organizaciones durante los últimos años.
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