Siete de cada diez ciudadanos (73%) creen que las empresas de transporte y reparto deberían electrificar sus flotas, y un tercio (33%) exige que lo hagan cuanto antes, según los datos de Geotab, empresa dedicada a ofrecer soluciones de vehículos conectados y gestión de activos.

Los consumidores españoles comienzan a reconocer al transporte profesional como un actor clave en la movilidad sostenible. Esto demuestra una clara expectativa social para que el sector del transporte lidere la electrificación, en línea con las políticas europeas de sostenibilidad.

Aunque el apoyo a la electrificación es claro, los consumidores no siempre están dispuestos a asumir un coste adicional por ello, solo un 15% aceptaría un recargo en las entregas si se utilizara un vehículo eléctrico.

De igual forma, el 32% de los encuestados considera que el transporte de mercancías es una de las principales fuentes de impacto ambiental, solo por detrás del transporte privado (50%); además, un 12% apunta específicamente a las entregas de paquetería. En regiones como Canarias o Galicia la percepción de un vínculo entre logística y contaminación es aún más fuerte (67% y 58%, respectivamente).

«Abogamos por un enfoque pragmático de la sostenibilidad. El objetivo debe ser cumplir con los compromisos medioambientales y, al mismo tiempo, aprovechar una oportunidad estratégica para mejorar la rentabilidad. Esto implica analizar el coste total de propiedad y aprovechar todo el potencial del modelo de negocio para garantizar un crecimiento y una resiliencia sostenibles a largo plazo», sostiene el vicepresidente de EMEA en Geotab, Iván Lequerica.

En España, el 43% de los vehículos de flotas privadas y públicas ya están preparados para ser eléctricos desde el punto de vista de la autonomía y el coste total de propiedad.

Para que este proceso sea viable, Geotab analiza que los vehículos eléctricos deben ofrecer una autonomía suficiente y un coste total de propiedad competitivo en comparación con los modelos de combustión.

De hecho estiman, que si se llevase a cabo una transición, las flotas podrían ahorrar hasta 18.800 litros de combustible, lo que supondría un ahorro medio potencial de 12.000 euros y evitaría aproximadamente 43 toneladas de emisiones de CO2 en los próximos siete años.