El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), ha confirmado este miércoles ante la prensa que el Ayuntamiento seguirá recurriendo al estamento judicial para intentar frenar el centro de menores migrantes no acompañados que la Comunidad de Madrid está habilitando en el edificio de La Cantueña, junto a la A-42.

«Vamos a seguir denunciando en los juzgados porque Fuenlabrada no se puede ver castigada con una decisión que atenta, además, contra los derechos de los menores, que no están en un sitio adecuado», ha reafirmado.

Tras ello, ha deslizado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha emprendido las obras en La Cantueña «prácticamente sin licencia». «Ha adaptado la normativa autonómica para poder hacer lo que está haciendo», ha apostillado.

Después de que un juzgado autorizase a la Comunidad de Madrid a emprender las obras de adaptación tras paralizarlas el Ayuntamiento, el regidor ha retomado sus críticas al Gobierno regional por no haber contado con el municipio para afrontar «el reto de la inmigración».

Ayala ha vuelto a asegurar, así, que «no conoce nada nuevo» de las obras que se están llevando a cabo, y que, a su juicio, se realizan en «un edificio que consideramos que es de titularidad municipal». «Estamos en un proceso judicial en el que reclamamos esa titularidad», ha recordado.

En este sentido, ha manifestado que la política migratoria llevada a cabo por la Administración regional supone una «desconsideración con Fuenlabrada porque no ha querido hacer un reparto equilibrado con municipios, y ha castigado a la ciudad».

«No se ha hecho tampoco con lealtad para explicar cuestiones básicas como cuándo van a venir (los menores), o cómo van a ser las obras», ha zanjado el regidor.