El Congreso de Brasil ha aprobado este martes –aunque con el voto en contra de los bolsonaristas– la intervención federal de Brasilia decretada el domingo por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad tras el asalto a la sede de los tres poderes del Estado.
El Senado ha dado el visto este martes a la medida decretada por el presidente Lula con el voto en contra de algunos de los socios de Jair Bolsonaro, un día después del aval dado por la Cámara de los Diputados, en donde los seguidores del expresidente brasileño optaron por salir antes de la votación.
«Esa minoría antidemocrática no representa al pueblo brasileño. Esa minoría golpista no impondrá su voluntad por medio de la barbarie, de la fuerza y de los actos criminales», ha recalcado el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco.
«Esa minoría extremista será identificada, investigada y responsabilizada, así como sus financiadores, organizadores y agentes públicos dolosamente omisos», ha dicho Pacheco, quien ha pedido no olvidar lo que ocurrió el domingo.
La medida, aprobada en ambas cámaras por unanimidad en una votación simbólica, estará vigente hasta finales de enero. «El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia», dijo el lunes el presidente de la Cámara, Arthur Lira.
A pesar de que la medida contó con el aval unánime de la Cámara, algunos bolsonaristas, como las diputadas del Partido Liberal (PL) Carla Zambelli y Bia Kicis, intentaron postergar la votación con el argumento de contar con más tiempo para analizar el decreto presidencial.
Para Kicis, la medida no estaba justificada ya que la situación en Brasilia ya estaba bajo control. «La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado», argumentó. El PL y los también liberales de Partido Novo fueron las dos únicas bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar.
Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.
El domingo, tras el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.
Las autoridades de Brasilia han sido ampliamente cuestionadas por su gestión de la crisis política, criticando la pasividad con la que actuaron mientras tenía lugar el asalto, entre otros, del Palacio del Planalto.
Los medios de comunicación se han hecho eco de vídeos que se han difundido en redes sociales en los que se ve a varios policías observar impasibles como los seguidores de Bolsonaro arramblaban con todo a su paso. En uno de ellos se ve incluso a los agentes permitir que los asaltantes entraran en la sede del Congreso.
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