El Tribunal Constitucional de Ecuador ha declarado este viernes inconstitucional el estado de excepción decretado a finales de abril por el presidente del país, Daniel Noboa, que movilizaba a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y suspendía el derecho a la inviolabilidad de domicilio en cuatro provincias durante sesenta días.

En particular, el estado de excepción declarado «por el incremento de hostilidades y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra los grupos armados organizados», permitía disponer la movilización de los cuerpos y fuerzas de seguridad, además de la suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí y Santa Elena por un lapso de sesenta días.

En su dictamen –con siete votos a favor y dos en contra–, el Tribunal ha señalado que el estado de excepción «no cumple con parámetros jurisprudenciales». Además, la Presidencia no ha justificado que se haga bajo la causa de un «conflicto armado interno», «el «ámbito territorial y temporal de aplicación» del estado de excepción, «ni que los hechos aludidos no puedan ser enfrentados a través del régimen ordinario».

Para los magistrados, el decreto «se limita» a defender la existencia de dificultades a la hora de ejecutar operaciones militares, «ante la necesidad de coordinar» con la Fiscalía y los jueces penales para realizar inspecciones y registros.

En este sentido, la sentencia llama la atención y recuerda a la Presidencia que la declaración de un estado de excepción conlleva «la responsabilidad y el deber de motivar adecuadamente todo decreto de estado de excepción y de ofrecer suficientes datos fácticos que justifiquen un mecanismo constitucional tan extraordinario».

La medida, aprobada el pasado 30 de abril, se produjo tan solo unas semanas después de que concluyese el estado de excepción a nivel nacional, impuesto hace casi cinco meses por una oleada de violencia por parte de grupos criminales.

La actual situación de violencia e inseguridad en Ecuador estalló después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto interno armado» debido a la actividad de grupos armados, considerados a partir de ese momento como «terroristas».