El Congreso debatirá este martes 16 de enero sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» para tomarla en consideración y aprobar su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

Como acordaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la modificación se llevará a cabo por la vía exprés y sin que se acepten cambios en otros artículos, aunque Sumar ya tiene anunciadas al menos dos enmiendas. Asimismo, el jueves 18 debatirá las enmiendas que se hayan presentando, sean de totalidad con texto alternativo o parciales para modificar el articulado, y para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado.

Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto «más acorde a los nuevos tiempos».

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».

Esta reforma pretende cambiar la redacción a «las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas». «Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio», se añade.

Además, en el segundo punto constará: «Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad».

En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara. En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante.

VOX NO APOYARÁ LA REFORMA

El objetivo del PP y PSOE es que la reforma se apruebe por unanimidad. Sin embargo, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha avanzado este lunes en rueda de prensa que su formación no la apoyará.

En esta línea, ha apuntado que no ve oportuno «abrir el melón» de una reforma de la Carta Magna «en un momento en el que los enemigos de España», en referencia a las formaciones separatistas, «son socios de Pedro Sánchez».

En todo caso, Garriga no ha aclarado si sus compañeros del Congreso votarán ‘no’ o abstención este martes y jueves cuando la reforma se debata en el Pleno.

Según ha señalado, la posición de Vox puede resumirse en un «sí, pero no así», pues si bien ha defendido que su partido mantiene un «compromiso total y absoluto con las personas con discapacidad y dependientes», no ve pertinente hacer ahora ese cambio constitucional.

EL SECTOR DE LA DISCAPACIDAD PIDE «MÁXIMO CONSENSO»

En este sentido, el sector de la discapacidad también pidió recientemente que se adopte la reforma con el «máximo consenso» y «sin ningún tipo de fisuras. «Tras una larga espera, es el momento de las personas con discapacidad», indicaba el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que destacaba que esta reforma debe centrarse «única y exclusivamente» en esta cuestión, «de enorme importancia».

«Es un avance para el país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España», exponía.

Al CERMI se unió la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) que pedía «celeridad», así como la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), que recalcaba que «los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad y el deber de sacar adelante la reforma del artículo 49».

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxi Queiruga, subrayaba que «es el momento de llegar al máximo consenso posible para todo lo que afecta a las personas con discapacidad».

Igualmente, la Plataforma del Tercer Sector solicitaba a los grupos políticos que la reforma se centre «exclusivamente» en esta cuestión, que entiende como «un avance de país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España».