El exguerrillero Galvarino Apablaza, antiguo líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) requerido por la Justicia chilena por su presunta implicación en el asesinato del senador conservador Jaime Guzmán en 1991, se ha dado a la fuga y ha impedido así ser extraditado a Chile desde Argentina.

El Ministerio de Exteriores chileno ha confirmado en un comunicado que «se ha tomado conocimiento de que Apablaza no ha sido encontrado», una vez habida cuenta de la emisión por parte del Gobierno argentino de la orden de detención en su contra para su posterior traslado a Chile.

Esta medida ponía fin a 21 años de procesos judiciales abiertos en Argentina, si bien las autoridades chilenas han tenido que volver a ponerse en contacto con el Gobierno argentino para «solicitar más antecedentes sobre los resultados de la pesquisa».

Desde Argentina han indicado que las fuerzas de seguridad siguen adelante con los trabajos de búsqueda y captura para dar con su paradero, detenerlo y, «de esta manera, concretar su extradición a Chile».

«Se ha solicitado al Ministerio de Exteriores argentino que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene el contacto permanente para dar seguimiento a este proceso. El Gobierno de Chile hará todos los esfuerzos para que los acusados por el crimen del senador Jaime Guzmán sean juzgados», ha recalcado.

Apablaza recibió asilo político en Argentina bajo el mandato de la presidenta Cristina Fernández. Su sucesor en el cargo, el conservador Mauricio Macri, le revocó este estatus, si bien la defensa del exguerrillero chileno logró ganar una serie de apelaciones para mantener la protección en vigor.

Desde entonces, el proceso de extradición permanecía suspendido. El pasado 16 de febrero, un tribunal de apelaciones de Argentina falló a favor de revocarle el estatus de asilado, una decisión que fue aplaudida por el presidente electo chileno, José Antonio Kast, quien perteneció a las filas de la Unión Democrática Independiente (UDI),de la que formó parte Guzmán, hasta 2016.

Para Chile, la extradición del exmilitante izquierdista ha sido durante años una cuestión de Estado. Las autoridades le acusan de la muerte del senador, así como del secuestro de Cristián Edwards, hijo del fallecido propietario del diario ‘El Mercurio’.