El fiscal especial Jack Smith ha presentado este lunes ante el Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito de Estados Unidos en Atlanta la decisión de la jueza Aileen Cannon desestimara el caso de los documentos clasificados del expresidente estadounidense Donald Trump, alegando que el nombramiento del fiscal fue inconstitucional.

La oficina de Smith sostiene que la decisión de la jueza –designada por Trump en 2020– de poner fin al caso porque la Fiscalía carecía de autoridad constitucional era «novedosa» y «carecía de mérito». También ha considerado que la decisión no solo afecta a otros procesos, sino que podría afectar el poder de los líderes en el gobierno federal.

«Si el procurador general carece del poder para designar oficiales inferiores, esa conclusión invalidaría el nombramiento de cada miembro del Departamento que ejerza una autoridad significativa y ocupe un cargo continuo, excepto los pocos que están específicamente identificados por el estatuto», reza el texto, de 81 páginas, recogido la cadena de televisión CNN.

En este sentido, «el razonamiento del tribunal de distrito también plantearía preguntas sobre cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo».

El fiscal general, Merrick Garland, nombró a Smith en 2022 para investigar el manejo de documentos clasificados por parte de Trump, así como sus esfuerzos por subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el periodo previo al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Cannon había dictaminado que el Departamento de Justicia no tenía la capacidad de nombrar fiscales especiales sin el permiso del Congreso.

Las autoridades hallaron numerosos documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, tras su salida de la Casa Blanca. Los cargos contra Trump iban desde la retención deliberada de información de defensa nacional hasta la conspiración para obstruir a la justicia. El magnate almacenó cajas con documentos en varios lugares de su residencia, como su dormitorio, una de sus oficinas, en el baño y en la ducha.

Según la ley estadounidense, aprobada después de que el expresidente Richard Nixon intentara destruir documentos de la Casa Blanca durante el escándalo Watergate, todos los documentos deben ser entregados a los Archivos Nacionales al final de cada mandato presidencial.