El fiscal general de Líbano, Ghasán Ueidat, ha imputado al juez que encabeza las investigaciones sobre las explosiones del 4 de agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, por «rebelión contra la justicia», en un paso más en el enfrentamiento judicial en torno al caso y ante el malestar de los familiares de las víctimas, que siguen reclamando que se haga justicia.
Ueidat, que el miércoles ordenó la liberación de todos los detenidos, ha indicado que el juez Tarek Bitar ha sido imputado también por «usurpación de poder» y le ha prohibido abandonar el país, según ha informado el diario libanés ‘L’Orient le Jour’. Las decisiones del fiscal general llegan en respuesta a su imputación por parte de Bitar, quien retomó el lunes sus pesquisas tras trece meses de bloqueo.
De hecho, el propio Bitar ha manifestado en declaraciones a la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, que continúa llevando a cabo sus funciones y ha recordado que Ueidat está recusado en el caso debido a que fue imputado. Por ello, ha hecho hincapié en que las recientes decisiones del fiscal general «son ilegítimas y no deben ser aplicadas».
Durante la jornada, familiares de las víctimas de las explosiones se han concentrado frente al Palacio de Justicia de Beirut para denunciar «un golpe de Estado político, judicial y de seguridad», protesta que se ha saldado con al menos ocho heridos después de que las fuerzas de seguridad hayan lanzado gases lacrimógenos contra los presentes. Los familiares de las víctimas han hecho hincapié en que las autoridades deben asumir «toda la responsabilidad sobre la seguridad del juez» Bitar, según un comunicado.
A la protesta frente al Palacio de Justicia se han sumado varios parlamentarios opositores, incluido Marc Dau, quien ha recalcado que «está claro que el fiscal general no tiene conciencia». «Se había retirado de la investigación y luego decidió dejar en libertad a todos los detenidos mientras él mismo era procesado en la investigación», ha criticado Dau, quien ha hablado de «Un complot contra las familias de las víctimas y la justicia en Líbano».
En esta línea se ha expresado el parlamentario Melhem Jalaf, quien ha alertado de «un riesgo de que caiga la democracia en Líbano». «No podemos usar la religión como pretexto», ha reseñado, en alusión a una misiva enviada por Ueidat a Bitar en la que hace diversas referencias al Corán.
El diputado y exministro de Justicia Achraf Rifi ha denunciado que «una parte intenta instaurar un Estado criminal» y ha reclamado «proteger la investigación», tal y como ha recogido ‘L’Orient le Jour’.
Por otra parte, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) ha aplazado sin fecha una reunión que iba a mantener este jueves para debatir la posible revotación de Bitar, según fuentes judiciales. Los miembros de organismo han abandonado ya el Palacio de Justicia, sin que esté claro cuándo podría producirse el encuentro.
La Fiscalía General ya presentó una notificación el martes ante los tribunales para que no aplicaran las últimas decisiones del juez al considerarlas inválidas. Bitar retomó el lunes sus trabajos después de verse bloqueado por una catarata de demandas contra él por parte de políticos y altos cargos de seguridad a los que citó a declarar o imputó en relación con las explosiones.
La postura de Ueidat en el caso ha incrementado el malestar de los familiares de las víctimas y de hecho un grupo de ellas se reunió a última hora del miércoles frente a la vivienda del fiscal general para iniciar una sentada en protesta por su orden de liberar a todos los detenidos en el marco de las investigaciones sobre el suceso, que dejó más de 220 muertos y enormes daños materiales.
Bitar sustituyó a Fadi Sauan después de que fuera apartado del caso tras una serie de quejas presentadas por altos cargos citados a declarar, entre ellos el exministro del Interior Nuhad Machnuk, si bien las demandas de varios exministros llamados a declarar provocaron igualmente la suspensión de sus investigaciones.
Las explosiones estuvieron causadas por cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto, principal punto de entrada de bienes y ayuda humanitaria, según las primeras pesquisas, si bien por ahora no ha descartado otras opciones. El suceso provocó una oleada de protestas por lo que la población percibe como un reflejo de la mala gestión, la corrupción y la injerencia de los partidos en los asuntos del Estado, lo que derivó en la caída del Ejecutivo de Hasán Diab.
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