El Gobierno de la región de Murcia ha afirmado este martes que la actualización de las entregas a cuenta en 2025 a las comunidades autónomas por parte del Ejecutivo central «no constituye en modo alguno un gesto de generosidad, ni una concesión política», sino que se trata de «una obligación del sistema de financiación».

«El Gobierno central sigue teniendo una deuda pendiente con esta Región», han explicado fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital en una nota de prensa tras el reciente anuncio sobre el «desbloqueo» de las entregas a cuenta a las comunidades.

Según los datos comunicados, la Región recibirá en 2025 un total de 4.943 millones de euros, frente a los 4.798 millones de 2024. Esta variación, de un 3,2%, «no responde a una decisión discrecional del Gobierno central, sino al incremento en la recaudación de tributos estatales».

Para el Ejecutivo autonómico, además, el incremento «no resuelve en nada el déficit estructural que padece» la Región de Murcia, «resultado de un modelo injusto, obsoleto y que continúa situando a la comunidad como la peor financiada de España».

«Recordemos que desde que gobierna Pedro Sánchez se han aprobado cerca de 100 subidas de impuestos que afectan tanto a empresas como a hogares. Entre 2018 y 2025, entre cotizaciones e impuestos, el Gobierno ha incrementado su recaudación en cerca de 140.000 millones, un 42% más, lo que demuestra la voracidad del Ejecutivo central», han explicado las mismas fuentes.

Desde la Administración regional han explicado que «lejos de constituir una mejora del modelo o una solución al problema de infrafinanciación, este anuncio llega tarde, es incompleto y no aporta certidumbre, más cuando el Ministerio de Hacienda mantiene una deuda de 303 millones de euros con la Región, cantidad que sigue aumentando mes tras mes, sin que se hayan ofrecido todavía explicaciones ni calendario de pago».

A esta cifra ha sumado los 535 millones de euros del mecanismo Extra FLA que «el Ministerio aún no ha habilitado ni transferido, generando graves tensiones de tesorería».

El Gobierno regional ha insistido en que «esta situación afecta especialmente a nuestras pymes, autónomos y entidades del tercer sector, que dependen de estos recursos para seguir prestando servicios esenciales y mantener su actividad».

Por todo ello, ha exigido al Ejecutivo de España «responsabilidad, certezas y compromiso real con una financiación justa». «Lo que reclamamos no son favores: es el dinero que legítimamente le corresponde a los ciudadanos de la Región», ha concluido.