De las más de 22.000 farmacias que hay en España, unas 4.500 están en zonas rurales. De esa cifra, algo más de 2.100 están en poblaciones de menos de 1000 habitantes. La continuidad de esas oficinas, como viene advirtiendo desde hace tiempo la Sociedad Española de Farmacia Rural (SEFAR), está seriamente amenazada. Son muchas las que han echado el cierre en los últimos años. Por eso, SEFAR celebra que, esta misma semana, el Consejo de Ministros haya aprobado la modificación del Real Decreto 823/2008 que actualiza las ayudas para esas pequeñas boticas que están en viabilidad económica comprometida, las llamadas farmacias VEC. Una medida positiva, señala el presidente de la sociedad científica, Jaime Espolita, a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA: «Que se hayan puesto manos a la obra nos parece digno de mención».

La modificación del real decreto –por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos de la distribución y dispensación de medicamentos, actualizando al alza las compensaciones que reciben las farmacias VEC– supone que se beneficiarán del incremento del 17,5 % correspondiente a la aplicación del índice corrector de los márgenes, las farmacias de núcleos con un máximo de 1.500 habitantes censados, o bien en otros municipios «en los que la autoridad competente delimite y designe como de riesgo para disponer de la adecuada cobertura o acceso a la prestación farmacéutica», según ha explicado el Ministerio de Sanidad.

RIESGO DE DESPOBLACIÓN

Lo que pretende el Gobierno es garantizar la prestación farmacéutica en el medio rural con riesgo de despoblación, en la España vaciada. Entre los requisitos para poder acceder a las ayudas, está el hecho de que las ventas anuales de las farmacias no deben superar los 235.000 euros en el ejercicio económico correspondiente al año natural anterior. Así, de los actuales 833,33 euros máximos que puede recibir una farmacia VEC al mes se pasaría a 979,16 euros. Además, entre otros requisitos, la botica deberá haber prestado sus servicios durante los 12 meses del año natural anterior.

En España, algo más del 3 % de las farmacias (713) están afectadas por el índice corrector. Del total de las oficinas potencialmente beneficiarias por la aplicación de este marcador, el 80,22 % (574) está en municipios de menos de 1.500 habitantes.

UNA MEDIDA POSITIVA

«Nos parece una medida positiva en tanto que la Administración es consciente del problema de viabilidad de la farmacia rural y, con toda la problemática que existe actualmente en torno a la sanidad, el hecho de que se hayan puesto manos a la obra con ello nos parece digno de mención», declara el presidente de SEFAR cuando este diario le pide una valoración de la aprobación de la normativa. Jaime Espolita es titular de una farmacia en Cabrillanes (León), una de esas poblaciones de menos de 1.500 habitantes (tiene menos de 800).

Espolita lleva años lanzando un SOS para las boticas de zonas despobladas. Porque, explica, «lo aprobado no deja de ser una actualización de las compensaciones en función del IPC, algo que no se había hecho desde la aprobación del real decreto inicial». Lo que sí considera de especial transcendencia «es que este factor corrector del margen pase a ser aplicado únicamente a oficinas de farmacia rurales o ubicadas en zonas desfavorecidas ya que, hasta el momento, se aplicaba por igual a cualquier tipo de farmacia fijándose como criterio únicamente la facturación anual de esa farmacia«.

El trato de los farmacéuticos con sus vecinos es muy estrecho. Conocen sus enfermedades y sus tratamientos. Por, eso, en la línea de lo que señala el presidente de SEFAR, Elena Amaro valora también positivamente las nuevas ayudas aprobadas por el Gobierno pero, matiza a este diario, «necesitamos medidas estructurales para que la farmacia rural permanezca» porque, añade, tienen unas peculiaridades que no tienen oficinas de poblaciones más grandes: baja facturación, una gran carga de guardias, ausencia de servicios, aislamiento…

«A lo que aspira nuestra sociedad es al establecimiento de medidas –cambios en modelo retributivo, añadiendo el pago de los servicios profesionales farmacéuticos y dependiendo en menor medida de los precios del medicamento- que hagan innecesario el recurrir a factores correctores del margen, subvenciones o ayudas. Creemos que sería beneficioso para todo el sector«, finaliza Jaime Espolita.