Destaca una reunión de «especial interés» entre Koldo y Ábalos en una marisquería en la que habrían abordado el expediente de Baleares
El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «intermediario» de la ‘trama Koldo’, conocida así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García.
«La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo», apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.
De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.
Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial», precisa.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto ‘cerebro’ de la trama, y Koldo.
Según se desprende de la investigación, en dicha llamada «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero». «De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión», añade el juez.
