El modelo salvadoreño de mano dura contra el crimen organizado impulsado por el presidente, Nayib Bukele, ha empezado a cruzar fronteras e instalarse en Centroamérica como referencia para combatir la violencia y la inseguridad en la región, siendo el último ejemplo de ello la inauguración de una nueva cárcel en Costa Rica similar al polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño, al que Estados Unidos ha enviado a integrantes de maras y organizaciones criminales a cambio de pagos al país.

Bukele puso junto al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de forma simbólica, la primera piedra del llamado Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una construcción de más de 31.000 metros cuadrados, ubicada en la provincia costarricense de Alajuela, que albergará a líderes del crimen organizado, reos de alta peligrosidad y personas que tengan pendiente un proceso de extradición.

La construcción, con cinco módulos de alojamiento para un total de 5.100 reos, está inspirada en el CECOT salvadoreño –una instalación carcelaria con capacidad para unos 40.000 presos cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos por presuntos abusos, tortura e incluso violencia sexual– y ha costado al Estado costarricense cerca de 21.000 millones de colones.

La visita de Bukele para inaugurar el proyecto ha generado tensión en el país debido a que llega en plena campaña electoral de las elecciones generales del 1 de febrero. En este contexto, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó un recurso que pedía prohibir el ingreso a Costa Rica del presidente salvadoreño por presuntas injerencias electorales, pero recordó que, en virtud de la Convención de Viena, los representantes extranjeros no deben «inmiscuirse en los asuntos internos» del país.

LA EXPORTACIÓN DEL MODELO CECOT

Aunque hay complejos carcelarios similares respecto al aislamiento o las condiciones de máxima seguridad, el CECOT destaca por su alta capacidad y su finalidad, ya que está diseñado especificamente para encerrar a miles de pandilleros vinculados a grupos criminales como la Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, detenidos en el marco del polémico estado de excepción en El Salvador.

Expertos en Derechos Humanos apuntan a que las condiciones en el CECOT serían «presuntamente inhumanas, contrarias a las normas internacionales», con «personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, como colchones, y sin atención médica adecuada». Pese a ello, otros países de Centroamérica y de América Latina han mostrado interés en este concepto de megacárcel.

En Ecuador, el presidente, Daniel Noboa, trasladó en noviembre de 2025 a cientos de presos de alta peligrosidad a la cárcel de Santa Elena, en la provincia homónima costera. Por su lado en Perú, el Gobierno de José Jerí habilitó un pabellón de máxima seguridad en el penal Ancón I, al norte de la capital, Lima, para aislar a los líderes del crimen organizado, siguiendo el modelo salvadoreño.

De la misma forma, en la vecina Honduras, la presidenta Xiomara Castro anunció la construcción del llamado Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20.000 presos tras declarar la emergencia en materia de seguridad para combatir el crimen, la extorsión y el narcotráfico.

En Guatemala, el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha declarado el estado de sitio tras una serie de ataques y motines en varias cárceles vinculados a la pandilla Barrio 18, si bien existen dudas en el país acerca de impulsar políticas de mano dura sin abordar otros factores, como la exclusión social.

La postura de enfrentar la criminalidad a golpe de cárcel se ha visto reforzada además por el giro en la política migratoria de Estados Unidos a raíz de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, que ha emprendido una masiva campaña de detenciones contra inmigrantes irregulares, y que ha dejado claro en su nueva política exterior que busca controlar el «hemisferio occidental».

DUDAS ANTE LA SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA

El acercamiento del Gobierno de Chaves a las políticas de mano dura de Bukele ha provocado malestar dentro de la oposición costarricense. El candidato presidencial Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), se ha mostrado a favor de construir más cárceles debido al aumento de la densidad carcelaria, si bien considera inadecuada la narrativa de una megacárcel.

En este sentido, ha hecho pedagogóa sobre que resulta fundamental invertir en prevención y en educación, además de reforzar a las autoridades policiales en distintos puntos del país. Otros sectores de la oposición, como el Partido Liberal, aseguran que la medida de construir un CECOT adaptado a la realidad costarricense responde a un «show electoral» para impulsar la campaña de la candidata oficialista, Laura Fernández, que figura como gran favorita en las elecciones generales.

Chaves, no obstante, ha cuestionado a la oposición por no plantear medidas severas contra la violencia ante un incremento progresivo de los homicidios desde 2020. En concreto, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en 2025 se registraron un total de 876 asesinatos –buena parte de ellos perpetrados con armas de fuego y vinculados a venganzas o ajustes de cuentas–, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, advirtió a principios de enero de que 589 de las víctimas de homicidios en 2025 eran personas de entre 18 y 39 años y que hubo 50 muertes de menores de edad. «Si Costa Rica quiere solucionar sus problemas de criminalidad, tiene que invertir en policía, pero también en el tema del desarrollo humano», señaló, instando a las autoridades a fortalecer el sistema educativo o los programas de prevención.

Otras figuras dentro del Ejecutivo, como el viceministro de Justicia Nils Ching Vargas, se han mostrado críticas con el proyecto, aludiendo a que la construcción de esta nueva instalación no resolverá el hacinamiento actual en las cárceles costarricenses, ya que solo albergaría a 1 de cada 10 privados de libertad.

Según un reciente estudio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), la capacidad real del sistema carcelario del país centroamericano es de 13.666 personas, si bien hay recluidas un total de 17.692. Además, la mayoría de los centros penitenciarios tienen entre 20 y 25 años de antigüedad.

Por otro lado, la Contraloría General de la República (CGR), liderada por Marta Acosta, advirtió en agosto de que el organismo no había tenido acceso al expediente del proyecto y de que más de un 50% de los recursos para construir las instalaciones procedían de recortes en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) relacionados con becas, vivienda social o ayudas a familias en situación de pobreza.

Varias organizaciones a favor de los derechos de los migrantes han denunciado además que los recortes en el presupuesto estatal afectan a la emisión de documentos y pasaportes, así como a programas para la regularización y atención de poblaciones vulnerables.

Chaves, que ha cuestionado en varias ocasiones el sistema judicial por presuntamente «proteger» a los delincuentes, sostiene que, gracias a la donación de los planos del CECOT por parte de El Salvador, el Estado ha podido ahorrarse entre 1.800 y 2.000 millones de colones en el diseño del CACCO, construido –con un presupuesto público extraordinario– sobre los terrenos de la antigua cárcel La Reforma.