El PP ha cargado este miércoles contra el PSOE por la reunión que va a mantener con Junts en el Congreso, en la que los socialistas «rendirán cuentas» al partido independentista «en nombre del Gobierno» y en la sede de la soberanía nacional, según lamentan los ‘populares’.

La reunión, que tendrá lugar hoy en la Cámara Baja, será entre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

«Esta reunión es la preparatoria de la ya anunciada entre Sánchez, Puigdemont y el mediador salvadoreño experto en guerrillas. Estaremos muy pendientes», han censurado fuentes del PP, que han insistido en reclamar a PSOE y Junts que realicen una comparecencia conjunta para explicar sus acuerdos.

Fuentes del PP han criticado que el dirigente socialista acude a la reunión para «aclarar» a su socio de investidura las competencias que va a transferir el Gobierno a Cataluña en materia de inmigración y que Turull le dirá al ‘número tres’ del PSOE «qué hará con ellas en materia de fronteras y de control de inmigrantes».

Desde el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo han mostrado su interés por conocer el «progresismo migratorio» que el PSOE y Sumar, partidos que conforman el Gobierno, defienden aplicar en Cataluña.

Las mismas fuentes ‘populares’ han indicado que el PSOE también tiene que comunicar a Junts si apoyarán o no las enmiendas del partido de Carles Puigdemont a la ley de amnistía, criticando que de salir adelante supondrían amnistiar a Laura Borrás, al abogado del expresidente catalán y a los hijos de Jordi Pujol, así como los delitos de terrorismo relacionados con el ‘procés’, «pero no a los policías que intentaban controlar las calles».

El PP ha advertido que las enmiendas presentadas por Junts marcarían el paso a los jueces españoles, limitarían el efecto suspensivo de la acción de los tribunales nacionales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y obligarían a España a devolver el dinero de las multas impuestas a los infractores del ‘procés’. En resumidas cuentas, «impondría una década de impunidad judicial en Cataluña», han subrayado las fuentes.