El Partido Popular presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa de Israel, esgrimiendo que es una resolución «arbitraria» y que responde a «motivos únicamente políticos» contra una adjudicación ya publicada «hasta» en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes ‘populares’ han indicado que la decisión del Ejecutivo de cancelar de manera unilateral el contrato del Ministerio del Interior con la compañía israelí IMI Systems tras las presiones del socio minoritario de la coalición «supone una muestra más del abuso de poder que practica» Pedro Sánchez.

«Los contratos acordados se cumplen, ese es el interés general. Algo que no puede estar sujeto a los intereses personales de Pedro Sánchez y menos si es a cargo de los impuestos de los españoles que pagan de su bolsillo», han asegurado esas mismas fuentes.

En este sentido, han criticado que en apenas 24 horas se haya pasado, por orden del presidente del Gobierno, de «imposible rescindir un contrato ya firmado» a «resuélvase al precio que sea», haciendo alusión a que aunque España rescinda ahora de la compra de balas tendrá que pagar el importe a la empresa israelí.

«La rescisión del contrato que ha ordenado Sánchez, como ayer anunció Moncloa, tendrá un alto coste económico», han añadido desde ‘Génova’, que creen que ante ese pago sin contraprestación el PP se encuentra «frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos» con el incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo, «como bien conoce toda autoridad o funcionario público».

Los ‘populares’ han preguntado al Ejecutivo «quién va a pagar» la decisión de Sánchez de rescindir «el contrato por interés personal», señalando que de la «irresponsabilidad contable» en la que incurría el Gobierno debería hacerse cargo «quienes la ocasiones», y no «el bolsillo de los españoles».

Desde el PP aseguran que van a controlar «todos los pasos que se den en esta arbitraria resolución» y van a activar la exigencia de responsabilidades en todo los ámbitos, como con la «oportuna denuncia» ante el Tribunal de Cuentas por esta decisión.