El presidente de Sedigás, Joan Batalla, ha destacado «la relevancia» de las infraestructuras gasistas en un contexto geopolítico como el que se está viviendo actualmente por el conflicto en Oriente Próximo.

En una jornada organizada por Enerclub, Batalla indicó que las infraestructuras gasistas no solamente contribuyen a la seguridad de suministro, sino también a «la estabilidad, aportando la flexibilidad al sistema energético y permitiendo avanzar en la descarbonización, de la mano de los gases renovables».

En este sentido, subrayó como ya en 2022, con la crisis motivada por la guerra de Ucrania tras la invasión por Rusia, ya se vio «la importancia» de contar con estas infraestructuras «resilientes» para contribuir a la seguridad de suministro y «garantizar lo que es la competitividad del sector, del tejido productivo y de los consumidores».

Por ello, el presidente de la patronal gasista pidió tener «una visión a largo plazo» y no pensar en tener una respuesta «única y exclusivamente» para episodios coyunturales. «En este sentido, en el sector gasista yo creo que nos dotamos y disponemos de esas infraestructuras planificadas con esa visión de largo plazo, resilientes, que son capaces de operar con los máximos niveles de exigencia técnica y operativa», dijo.

DOTAR DE UN MARCO RETRIBUTIVO.

No obstante, advirtió de la necesidad de dotar a las infraestructuras gasistas de un marco retributivo que «las permita seguir avanzando en ese proceso de transición», poniendo así en valor unos activos que se deben «preservar y modernizar» para «avanzar en la autonomía estratégica».

De esta manera, de cara a las circulares en las que trabaja la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el próximo periodo regulatorio gasista 2027-2032, consideró que deben introducir las herramientas que permitan a las infraestructura del sector adecuarse y dotarse de la resiliencia necesaria.

A este respecto, Óscar Barrero, socio de Energía de PwC España, afirmó que el marco regulatorio para este tercer periodo regulatorio debe «garantizar una retribución razonable» para que el sector gasista puede «adaptar sus parámetros al contexto actual y tener una señal económica adecuada».

Asimismo, apuntó que la retribución tiene que reconocer los costes reales de la actividad, entre ellos la inflación o la aparición de nuevos costes para los operadores, así como dar a los agentes una señal económica para que sean capaces de mantener y garantizar con esas infraestructuras la seguridad de suministro ante unas necesidades de flexibilidad cada vez mayores para la red. «Habrá que ver cómo ponderamos ese riesgo a demanda que tiene el modelo actual», dijo.

Barrero también recordó que durante el segundo periodo regulatorio 2021-2026 la retribución de las actividades reguladas del sector gasista se ha disminuido en unos 2.129 millones de euros, un 13,5% menos respecto al periodo anterior.

Además, destacó como, en el caso de los peajes, España sufre una anomalía frente al resto de países del entorno, ya que mientras en la UE subían aquí han caído -con un descenso del 70% en términos nominales de los peajes industriales y de un 42% de los domésticos- desde 2022, resultando así significativamente inferiores respecto a la media europea.