El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha publicado este lunes una decisión que allana el camino para el plan del presidente Donald Trump de deportar a inmigrantes a terceros países.

La medida suspende un dictamen previo del juez federal Brian Murphy que obligaba a la Administración a dar el tiempo suficiente a los inmigrantes para recurrir su deportación por riesgo de torturas y vetaba su envío a países en los que no hubieran residido previamente.

Murphy consideró que las autoridades habían incumplido «incuestionablemente» su dictamen al deportar a un grupo de ocho inmigrantes de varias nacionalidades a Sudán del Sur. La Casa Blanca pidió al Supremo suspender la medida.

El anuncio del Supremo no tiene firma por ser una medida urgente, pero sí refleja el voto contrario de las tres jueces consideradas «liberales» en Estados Unidos, Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. «En cuestiones de vida o muerte es mejor proceder con precaución. En este caso, el Gobierno ha adoptado el enfoque contrario», han argumentado.

Desde la Alianza Nacional para los Litigios sobre Inmigración, parte en el proceso, han advertido de las «horribles ramificaciones» de esta medida porque «despoja de la protección del debido proceso» y podría derivar en «torturas y muertes», según la directora ejecutiva de la organización, Trina Realmuto.

El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, había alegado que la medida de Murphy imponía «una serie de procedimientos onerosos» al Gobierno que afectaban a la competencia presidencial de desempeñar la política exterior. Sauer destacó que el objetivo es deportar a «lo peor de lo peor» y por eso «es habitual que no los quieran» en sus países de origen.