ERC ha registrado en el Senado una iniciativa con la que pretende instar al Gobierno a garantizar el derecho al voto de la ciudadanía «independientemente de su origen», desvinculando así los derechos de la ciudadanía «al de nacionalidad» y vinculándolos a la residencia reconocida mediante el empadronamiento.
En la actualidad, gozan del derecho de sufragio activo los extranjeros residentes en España cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado: Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.
Asimismo, gozan del derecho de sufragio activo todas las personas residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, reúnan los requisitos para ser elector exigidos para los españoles o hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España.
Sin embargo, los independentistas catalanes quieren que el Gobierno elimine estos requisitos que tienen que ver con la nacionalidad, para, según reza el texto de la moción, «garantizar el derecho al voto activo y pasivo del conjunto de la ciudadanía, independientemente de su origen».
Según la exposición de motivos, ERC alega que los ciudadanos que manifiesten su intención de votar tienen que inscribirse, como requisito previo, al Censo de Extranjeros Residentes en España en el periodo establecido antes de las elecciones, que en estos comicios finaliza el 15 de enero.
Ellos estiman que, en Cataluña, alrededor del 15% de la población no tiene reconocido el derecho al voto y en el caso del Ayuntamiento de Barcelona se prevé que 230.000 extranjeros no podrán votar en las próximas elecciones municipales.
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