El Partido Nacional Escocés (SNP) ha completado su proceso de renovación interna tras la dimisión del anterior ministro principal, Humza Yousaf, con una sucesión de mensajes públicos en favor de la independencia, una meta que el Gobierno aspira a lograr a medio plazo y sobre la que evita establecer cualquier otro paralelismo dentro de Europa, ya que considera que el contexto de Escocia es «único».

Cuando quedan apenas unos meses para que se cumpla el décimo aniversario del referéndum de 2014, en el que un 55,3 por ciento de los votantes escoceses dijeron ‘no’ a la secesión, desde Edimburgo se insiste en que la situación no es ni mucho menos la de entonces. El Brexit y sus efectos son los principales argumentos esgrimidos ahora: un 62 por ciento de quienes votaron en Escocia en el plebiscito sobre la salida de la UE querían que Reino Unido siguiera en el bloque.

Sin embargo, la consulta independentista de hace una década se hizo con el beneplácito de Londres, condición ‘sine qua non’ para dotarla de legalidad, y no parece que el Gobierno central esté dispuesto a jugársela como hizo en su día David Cameron, que ahora precisamente ejerce de ministro de Exteriores del Ejecutivo liderado por Rishi Sunak. Los laboristas, favoritos en los sondeos de intención de voto, también han descartado un giro de guion.

«Defender la independencia de Escocia» figura entre las prioridades del nuevo ministro principal escocés, John Swinney, que llegó a plantear en una entrevista como factible un horizonte temporal de cinco años. Reivindica la vía secesionista como un instrumento para retomar de la senda europea y desmarcarse de políticas como la austeridad económica, que atribuye tanto a ‘tories’ como a laboristas.

El Gobierno escocés, sin embargo, no quiere comparaciones. «La situación constitucional de Reino Unido es única», señala un portavoz en declaraciones a Europa Press, al ser interrogado por la posible equiparación entre la reivindicación secesionista de Escocia y la de Cataluña.

«El objetivo del Gobierno escocés es garantizar que el pueblo de Escocia tiene la información que necesita para adoptar una decisión informada sobre su futuro constitucional», añade, en línea con la singularidad que siempre ha defendido Edimburgo para defender su causa.

A nivel judicial, las líneas rojas vienen marcadas por una sentencia emitida por el Tribunal Supremo británico en noviembre de 2022, según la cual el Parlamento de Escocia no puede actuar por su cuenta para convocar un referéndum jurídicamente vinculante. Según dicho fallo, «las leyes que derivaron en la creación en 1999 del Parlamento escocés no le conceden competencias sobre áreas de la Constitución, incluida la unión entre Escocia e Inglaterra, que quedan reservadas al órgano legislativo británico».

EL DÍA DESPUÉS

Las autoridades de Escocia han elaborado una hoja de ruta detallada de cómo sería el día después de la hipotética independencia, para por ejemplo especificar que elaboraría una Constitución «temporal» hasta la redacción de una definitiva, funcionaría con la actual moneda hasta introducir «en cuanto fuese posible» la libra escocesa y solicitaría el reingreso en la Unión Europea.

Sin embargo, ni el SNP figura ahora en una posición tan sólida en términos políticos –la reciente ruptura de la coalición le obliga a gobernar en minoría y figura empatado en intención de voto con los laboristas– ni tampoco termina de consolidarse una tendencia social clara en favor de la independencia, a tenor de los estudios realizados en estos últimos años.

Un reciente sondeo de la firma YouGov refleja que, si el referéndum se celebrase ahora, el resultado sería similar al de 2014. Un 54 por ciento de las personas que tienen decidido votar se inclinarían por el ‘no’, frente al 46 por ciento que diría ‘sí’, si bien entre los simpatizantes del SNP el dato se dispara al 93 por ciento.