España, Francia y Grecia han presentado una propuesta conjunta ante la Unión Europea para establecer una edad mínima común de acceso a las redes sociales. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los menores frente a riesgos como el contenido inapropiado, el ciberacoso y la adicción digital.

Una propuesta para proteger a la infancia digital

La propuesta fue presentada en el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la UE, celebrado en Luxemburgo. Aunque no se ha fijado aún una edad concreta, los tres países coinciden en la necesidad de crear un marco legal común para garantizar un entorno digital más seguro para los menores.

Mecanismos de verificación y control parental

Entre las medidas destacadas, se incluye la implantación obligatoria de verificadores de edad en todas las plataformas digitales y la inclusión de software de control parental en los dispositivos que se comercialicen en el mercado europeo. Estas herramientas permitirían a los padres supervisar el uso de internet de sus hijos y limitar su exposición a contenidos dañinos.

Diseño adaptado a la edad y limitación de funciones adictivas

Otro aspecto relevante de la propuesta es la exigencia de que las plataformas digitales adopten diseños adaptados a la edad. Se busca reducir elementos que fomentan la adicción digital, como los vídeos de reproducción automática, las notificaciones continuas o las ventanas emergentes, que afectan al bienestar de niños y adolescentes.

Apoyo europeo y proyectos piloto

La iniciativa ya ha recibido el respaldo de países como Dinamarca, Eslovenia y Chipre. Además, la Comisión Europea ha elegido a España para liderar un proyecto piloto de desarrollo de herramientas de verificación de edad, cuyo objetivo es garantizar que los menores no accedan a contenidos no adecuados, especialmente pornográficos o violentos.

Una mayoría de edad digital para Europa

Con esta propuesta, los tres países buscan sentar las bases de lo que podría convertirse en una mayoría de edad digital europea, adaptando el acceso a redes sociales a criterios de seguridad infantil. El debate continúa abierto, pero la propuesta marca un paso firme hacia la regulación del entorno digital pensando en la infancia y en el equilibrio entre libertad digital y responsabilidad.