Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha mostrado sus dudas sobre el cumplimiento de la legislación internacional de Derechos Humanos por parte de Reino Unido en el caso de los activistas de la ilegalizada organización Palestine Action en huelga de hambre para protestar por las condiciones de su encarcelamiento.

En concreto, los expertos han apuntado a informes que recogen demoras en el acceso a atención médica, el uso excesivo de sujeciones durante tratamientos hospitalarios, restricciones en las visitas con familiares y abogados, y la falta de supervisión médica independiente constante, sobre todo en el caso de aquellos huelguistas con cuadros clínicos complicados.

Varios de los activistas han entrado en su segundo mes de huelga de hambre, lo que supone un deterioro «significativo» de su salud y un «riesgo crítico» de sufrir problemas graves como fallos orgánicos, daños neurológicos irreversibles, arritmias cardíacas e incluso la muerte.

En este sentido, han instado a las autoridades británicas a garantizar el acceso a atención médica «de emergencia» a los activistas y a evitar toda acción que pueda interpretarse como una forma de presión sobre ellos o una «represalia».

«(Los) informes plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las leyes internacionales de los derechos humanos, incluidas las obligaciones de proteger la vida y prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes», han destacado.

Los huelga comenzó con el objetivo de protestar por las restricciones a la comunicación postal, las llamadas y las visitas. Ahora piden el cierre de todas las empresas del sector militar con relación con Israel, revertir la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos.

El grupo de la ONU ha aseverado que una huelga de hambre «es a menudo una medida de último recurso de personas que creen que sus derechos a la protesta y a un recurso efectivo se han agotado» y han advertido a Reino Unido de la criminalización del derecho legítimo de protesta bajo el marco de leyes antiterroristas. «Estas huelgas de hambre deben entenderse dentro del contexto más amplio de las restricciones al activismo pro-palestino en Reino Unido», han enfatizado.

Por último, han recordado al Gobierno británico que es el responsable de garantizar la vida y el bienestar de las personas detenidas y que «las muertes evitables bajo custodia nunca son aceptables», ante la posibilidad del empeoramiento de algunos de los huelguistas que han llegado a perder hasta 15 kilos en unas protestas que son ya las más largas de este tipo en las cárceles británicas desde las comenzadas por miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.

Palestine Action fue ilegalizada el pasado 5 de julio. El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido admitió en octubre una demanda presentada por la activista propalestina y cofundadora de la ONG, Huda Ammori, contra la decisión de la exministra del Interior Yvette Cooper de prohibir al grupo.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ya pidió a finales de julio al Gobierno británico que rescindiera la ilegalización de la ONG al considerar que representa un abuso de una de por sí exagerada ley antiterrorista del año 2000.