El Gobierno de Francia ha preparado un dispositivo de 11.000 policías y gendarmes para vigilar las movilizaciones convocadas para este martes por los sindicatos, que han llamado a una nueva jornada de huelga para protestar por la reforma de las pensiones.
El contingente de seguridad preparado en esta ocasión eleva en mil efectivos el despliegue del 19 de enero, cuando todos los grandes sindicatos hicieron frente común contra una reforma que plantea, entre otras medidas, elevar la edad de jubilación a los 64 años.
Sólo en París se desplegarán este martes unos 4.000 agentes, ha explicado ante los medios el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que confía en que las nuevas movilizaciones transcurran «sin incidentes graves» y se respete el derecho legítimo de huelga y manifestación.
La primera jornada de paros fue un éxito para los sindicatos, que lograron sacar a las calles de distintas ciudades a más de 1,1 millones de personas, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Los convocantes de las marchas hablan incluso de más de dos millones.
Las autoridades prevén entre 1 y 1,2 millones de manifestantes entre las 240 concentraciones en todo el país, según un informe confidencial recogido por Franceinfo. En el caso de París, los servicios de seguridad estiman que saldrán a la calle entre mil y 2.000 ‘chalecos amarillos’ y hasta 400 individuos catalogados de radicales.
Además, se prevén nuevas afectaciones en el transporte, así como en la educación pública o en instalaciones industriales como refinerías, en línea con lo que ya ocurrió hace semana y media.
ELEVAR LA EDAD «NO ES NEGOCIABLE»
Entretanto, la reforma prosigue su tramitación parlamentaria, con un primer estudio a nivel de comisión. La presidenta de la comisión de Asuntos Sociales, Fadila Khattabi, reconocía este lunes de forma irónica que «sólo» quedaban más de 5.500 enmiendas por debatir.
El Gobierno ha instado a los detractores del texto a utilizar este proceso para plantear las reformas que consideren oportunas. Sin embargo, ya ha establecido algunas líneas rojas, ya que la primera ministra, Elisabeth Borne, avisó el fin de semana que la nueva edad de jubilación «no es negociable».
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