La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, firmarán este miércoles el acuerdo que han alcanzado para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5%, hasta los 1.134 euros al mes por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024.

El acto tendrá lugar en el Ministerio de Trabajo a las 13.00 horas, según ha informado el Departamento que dirige Yolanda Díaz, que estima que este incremento del SMI beneficiará a más de 2,5 millones de personas, de las que un tercio serán mujeres y jóvenes.

Fuentes del Gobierno han indicado que se requería la firma formal del acuerdo antes de llevar la subida del SMI al Consejo de Ministros para su aprobación, lo que se producirá previsiblemente la próxima semana.

Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme no se han sumado al acuerdo para la subida de esta renta mínima alegando que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo.

Tanto Trabajo como CCOO y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. En caso de no hacerlo, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida iba a ser «más ambiciosa» que ese 4% inicial.

De hecho, los sindicatos estaban pidiendo elevar el SMI de 2024 un 5%, 54 euros por encima de los 1.080 euros de 2023. Esa ha sido finalmente la subida acordada.

Mientras los empresarios se negaron a aceptar lo que calificaron de «chantaje» y criticaron la «arbitrariedad» de la subida por no atender a criterios técnicos, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, argumentó que, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, los salarios están subiendo al 5%, por lo que el SMI debía subir al mismo ritmo. Además, alegó que el diálogo social tiene que tener «incentivos» para lograr acuerdos.

A principios del año pasado, el Gobierno acordó, sólo con los sindicatos, una subida del SMI del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar, por ley, que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio.

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con CCOO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. Desde 2018, el SMI ha subido un 54%, desde poco más de 700 euros al mes a 1.134 euros en 2024.

Tras la subida del SMI, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que, al igual que hizo el año pasado, incrementará el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 para evitar un impacto excesivo en las retenciones.

LA MESA DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO, LA PRÓXIMA SEMANA

También la semana que viene se iniciará la negociación entre el Ministerio, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la reforma del subsidio por desempleo tras el rechazo del Pleno del Congreso, con los votos de Podemos, PP y Vox, a la reforma que diseñó el Gobierno sin el concurso de los agentes sociales, han indicado a Europa Press en fuentes de la negociación.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya anticipó que, cuando se cerrara la subida del SMI, se convocaría a sindicatos y empresarios para empezar a negociar esta reforma, uno de los hitos contemplados en el Plan de Recuperación y cuya aprobación está ligada a la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos.

Tras la no convalidación de la reforma del subsidio por desempleo en el Congreso, la ministra recordó que esta reforma es «la única» que el Gobierno no pudo someter al diálogo social, ya que debía aprobarse antes del 31 de diciembre para que España pudiera solicitar el cuarto pago del fondo anticrisis europeo, que permitirá la recepción de otros 10.000 millones de euros.

«Ahora sí, abriremos la mesa de diálogo social y esta reforma va a estar acordada con los agentes sociales», dijo Díaz, quien acusó a Podemos de haber «golpeado» a los trabajadores «de la mano de PP y Vox» al votar en contra de la convalidación de una reforma que ampliaba la cobertura y las cuantías del subsidio.

Dicha reforma se diseñó con el objetivo de que entrara en vigor el próximo 1 de junio, con lo que la no convalidación de la misma no ha tenido un efecto inmediato en el sistema de protección por desempleo asistencial.

Pero el decreto donde se regulaba incluía además otras cuestiones, como la ampliación del permiso de lactancia o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales que el PSOE había pactado con el PNV a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Estos dos aspectos sí habían entrado en vigor y ahora han decaído con la no convalidación de la norma.

El anuncio de que esta reforma del subsidio iba a ser negociada ahora en el diálogo social fue bien recibido por sindicatos y empresarios, que consideran que tendría que haberse hecho así desde el principio.

Ahora, una vez cerrado el pasado viernes el acuerdo del SMI entre el Gobierno y los sindicatos, toca abrir la mesa del subsidio, en la que el Ejecutivo mantendrá sus objetivos de ampliar la cobertura del mismo y su cuantía y en la que deberá revisarse el subsidio para mayores de 52 años, que fue el que motivó el rechazo de Podemos a la norma y su no convalidación.

La reforma que se ha quedado en el tintero elevaba el importe del subsidio durante el primer año de percepción, lo hacía compatible con un empleo durante los 180 primeros días sin pérdida de prestación e iba ligado a la suscripción de un acuerdo de actividad por parte de sus beneficiarios.

En concreto, la reforma elevaba el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del Iprem, a 570 euros durante los primeros seis meses de percepción (95% del Iprem) y a 540 euros mensuales en los seis meses siguientes (90% del Iprem) para después recuperar el 80% del Iprem hasta su extinción, que se mantiene en un tope de 30 meses, dependiendo de la edad, circunstancias familiares y de la duración de la prestación agotada.

En lo que se refiere al subsidio para mayores de 52 años, su cuantía se mantenía en el 80% del Iprem, pero se rebajan gradualmente, desde el 125% actual, las cotizaciones de la Seguridad Social por la contingencia de jubilación durante la percepción del mismo. Así, en 2024 la base de cotización sería equivalente al 120% de la base mínima del Régimen General vigente en cada momento; en 2025 equivaldrá al 115%; en 2026 al 110%, y en 2027, al 105%.

La reforma decaída incorporaba también al subsidio a los menores de 45 años sin cargas familiares (unos 150.000, según estimaciones de Trabajo) y a los eventuales agrarios residentes fuera de Andalucía y Extremadura (cerca de 250.000), así como a los trabajadores transfronterizos de Ceuta y Melilla.