El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha anunciado la retirada del permiso de entrada a tres altos cargos de la Autoridad Palestina que visitaron esta semana a un histórico preso recién liberado tras cumplir 40 años de cárcel por asesinar a un militar hebreo.
La prohibición va dirigida contra el gobernador de Nablús, Mahmud al Alul, al exembajador en Irak Azam al Ahmad y al que fuera ex presidente en funciones de la Autoridad Palestina Raui Fattu, quienes se reunieron el pasado jueves en el norte de Israel con Karim Yunis.
Yunis fue condenado junto a su primo Maher por el asesinato en 1980 del militar Avraham Bromberg, al que ejecutaron de un tiro en la cabeza cuando el cabo se dirigía a su domicilio desde su base militar en los Altos del Golán.
Los Yunis fueron apresados tres años después y condenados en principio a cadena perpetua pero en 2012 el entonces presidente israelí Shimon Peres redujo su pena a 40 años de prisión. Maher saldrá, en principio, en dos semanas.
Esta penalización tiene lugar dos días después de que el nuevo Gobierno ultranacionalista de Benjamin Netanyahu impusiera una dura ronda de sanciones contra la Autoridad Palestina tras el éxito del Gobierno palestino para que la Corte Internacional de Justicia investigue la legalidad de los asentamientos israelíes en territorio ocupado.
Las medidas comprenden la «incautación» de casi 40 millones de euros en concepto de recaudaciones de impuestos que el Gobierno israelí efectúa en nombre de las autoridades palestinas.
Otra sanción también prohibirá a la Autoridad Palestina el uso del dinero recaudado para las familias de los individuos acusados por Israel de cometer atentados terroristas en 2022.
En lo que se refiere al resto de sanciones, Israel ha decidido paralizar la construcción de viviendas palestinas en el área C de Cisjordania, bajo control israelí, y la eliminación del tratamiento de dignatarios para los responsables palestinos implicados en la petición ante la CIJ.
Asimismo, los ministros del Gobierno israelí han aprobado la aplicación de futuras medidas contra aquellas organizaciones en Cisjordania que «promuevan actividades terroristas», entre ellas que actúen «bajo el disfraz de la actividad humanitaria», según las conclusiones recogidas por el ‘Times of Israel’.
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