La Cámara de los Comunes de Reino Unido ha decidido este martes despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales en una abrumadora votación que constituye el mayor cambio legal sobre este asunto en casi seis décadas.
Con una mayoría de 379 votos a favor frente a 137 en contra, la cámara baja del Parlamento británico ha optado por poner fin a la posibilidad de que las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de lo establecido por la ley –por ejemplo, después de las primeras 24 semanas– sean investigadas por la Policía. Con todo, se seguirá penalizando a quien colabore en un aborto ajeno al marco legal, incluido el personal médico, según ha recogido BBC.
La diputada laborista Tonia Antoniazzi, responsable de presentar la presentó la enmienda al proyecto de ley sobre delincuencia y policía, expuso durante la sesión casos como el de Nicola Packer, que fue trasladada desde un hospital a una celda policial tras dar a luz en su domicilio a un bebé muerto después de tomar medicamentos abortivos recetados cuando estaba embarazada de unas 26 semanas, un intervalo temporal del que no era consciente, según declaró posteriormente ante jurado.
«Estas mujeres necesitan atención y apoyo, y no criminalización», reclamó Antoniazzi, criticando una ley del aborto «obsoleta» y «victoriana» utilizada «cada vez más contra mujeres y niñas vulnerables».
La directora ejecutiva del Servicio Británico de Asesoramiento sobre el Embarazo (BPAS, por sus siglas en inglés), Heidi Stewart, que lleva impulsando el cambio desde 2016, ha celebrado la aprobación de la enmienda asegurando que «este es un momento histórico para los derechos de las mujeres en este país y el cambio más significativo en nuestra ley del aborto desde que se aprobó la Ley del Aborto de 1967».
«No habrá más mujeres investigadas tras sufrir un aborto espontáneo, ni más mujeres sacadas de sus camas de hospital y llevadas a la parte trasera de una furgoneta policial, ni más mujeres separadas de sus hijos debido a nuestra arcaica ley del aborto», ha afirmado.
De todas formas, la enmienda aún debe completar su tramitación legislativa tanto en la Cámara de los Comunes como en la Cámara de los Lores –la cámara alta– antes de convertirse en ley.
Paralelamente, en el mismo pleno, fueron presentadas otras dos enmiendas en sentido contrario. La primera, registrada por la diputada laborista Stella Creasey, proponía eliminar cualquier cláusula relacionada con la interrupción del embarazo de la Ley de Delitos contra las Personas de 1861, que la prohíbe, y consagrar el acceso al aborto como un Derecho Humano. Con todo, la enmienda no fue sometida a votación.
Sí lo fue, en cambio, la presentada por la responsable de Sanidad del Partido Conservador, Caroline Johnson, destinada a impedir los abortos con píldoras por correo y exigiendo que las mujeres embarazadas acudieran a una consulta presencial. Aun así, la propuesta fue rechazada con 379 votos en contra y sólo 117 a favor.
