La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha absuelto este miércoles a Rusia de gran parte de las acusaciones vertidas por Ucrania en una causa presentada en 2017 y relativa a supuestas violaciones de las convenciones que penalizan la financiación del terrorismo y la discriminación racial, derivadas del control de territorios ucranianos y del respaldo ofrecido a separatistas prorrusos.

En el caso de las acusaciones relativas a la financiación del terrorismo, los magistrados de la CIJ, un tribunal vinculado a la ONU y responsable de dirimir las disputas entre Estados, han fallado a favor de Kiev al señalar que Moscú no investigó las supuestas violaciones cometidas por «personas», pero sin elevar el foco a nivel estatal. La sentencia se limita a reclamar que se lleven a cabo estas pesquisas.

En este sentido, valoran que cuando la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo persigue la entrega de «fondos» no se contemplan cuestiones como el potencial suministro de armas a rebeldes prorrusos o la formación militar de estos separatistas, tareas en las que sí habría incurrido Rusia a juicio de la parte ucraniana.

Por otro lado, de los apartados relativos a la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, los jueces sí han considerado que Rusia violó dicho tratado con el sistema educativo que impuso en la península de Crimea tras hacerse con el control de esta zona en el año 2014, mientras que ha rechazado todos los demás.

Descartan que se hayan aportado pruebas suficientes para acreditar la persecución generalizada de ciudadanos de etnia ucraniana o tártara, entendiendo que cualquier posible abuso abarca conceptos más amplios que el de grupo y puede tener que ver con represiones generalizadas o de carácter político.

Los jueces sí han determinado además que Rusia ha incumplido una batería de medidas provisionales dictadas en el año 2017 que ordenaba a las partes a hacer todo lo posible para exacerbar el conflicto.

DOS DENUNCIAS

El proceso concluido este miércoles se remonta a enero de 2017, antes por tanto de la ofensiva militar lanzada abiertamente por Rusia en febrero de 2022, por la que existe otra causa abierta relativa a un supuesto genocidio. En esta segunda causa, la CIJ también dictó medidas cautelares y pidió el fin de la agresión, aunque sin que esta orden se haya llevado a cabo sobre el terreno.

Los dictámenes de la CIJ son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro de la ONU, aunque el tribunal carece de instrumentos para aplicarlos y, por tanto, su puesta en práctica depende de la voluntad de los países aludidos.