Dos salas constitucionales de Bolivia han emitido este martes dos fallos que ponen en riesgo la celebración de las elecciones judiciales programadas para el 1 de diciembre con el fin de conformar las magistraturas del Órgano Judicial, cuya demora ha causado tensiones políticas y manifestaciones por parte de la sociedad civil.

La Sala Constitucional de Pando ha declarado «desierta» la convocatoria para elegir a los jueces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras un amparo presentado por una candidata previamente excluida del proceso de selección, según ha informado el diario boliviano ‘Erbol’.

Por su parte, la Sala Constitucional Primera de Beni también ha declarado «desiertas» la convocatoria de aspirantes al TSJ y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) tras la denuncia de un postulante que decía haber sido excluido a pesar de haber superado los exámenes.

En base a estas decisiones, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, ha aseverado que se trata de «un golpe a la democracia que no lo hemos visto en los últimos años» y que no han sido notificados del caso de Pando, mientras que critica a la Sala de Beni por «extralimitarse».

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya Aro, también ha mostrado su preocupación ante lo que considera la «profundización de la fragilidad institucional democrática» del país, tras lo que ha pedodo no limitar «el derecho político» de los ciudadanos bolivianos a elegir a las autoridades.

«Preocupa la profundización de la fragilidad institucional democrática en el país ante el riesgo de una nueva paralización del proceso de elecciones judiciales. No se debe limitar el derecho político de los bolivianos a elegir a sus autoridades. La prolongación indefinida de funciones de las autoridades judiciales puede orillar a salidas no democráticas», ha afirmado Aro en su cuenta de la red social X.

El Gobierno de Bolivia anunció a finales de enero un «gran diálogo nacional» para consensuar las elecciones judiciales con «urgencia y lo más pronto posible», después de que la relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresara su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las máximas autoridades judiciales de Bolivia, remarcando que la ausencia de acuerdos políticos ha provocado la caducidad de los mandatos de los máximos tribunales, amenazando la independencia e imparcialidad de la justicia.