El pleno del Parlamento Europeo ha denunciado de nuevo este jueves la amenaza sistémica que a su juicio representa el Gobierno húngaro de Viktor Orbán para los derechos fundamentales en la Unión Europea, por lo que ha instado a los 27 a avanzar en el procedimiento que permitiría sancionar a Budapest de confirmarse violaciones graves y continuadas del Estado de derecho y ha apuntado posibles acciones legales contra Bruselas por desbloquear 10.200 millones del fondo anticrisis para Hungría.

En una resolución adoptada en Estrasburgo (Francia) con 345 votos a favor, 104 en contra y 29 abstenciones, el pleno advierte de que la Unión «no puede en modo alguno ceder al chantaje y comerciar con los intereses estratégicos de la Unión y de sus aliados renunciando a sus valores» y recuerdan cómo el primer ministro húngaro bloquea desde diciembre el acuerdo para revisar el presupuesto común y comprometer nueva ayuda a Ucrania que necesita la unanimidad de los 27.

Los eurodiputados critican la inacción tanto por parte del Consejo como de la Comisión Europea y lamentan que no se hayan dado avances desde que hace cinco años la propia Eurocámara activara el artículo 7 de los Tratados, poniendo en marcha un mecanismo para actuar contra Budapest -por ejemplo suspendiendo su derecho a voto en la toma de decisiones del Consejo– si se confirmara la regresión democrática en el país.

Por ello, instan a los gobiernos a pasar del diálogo a la segunda fase del mecanismo de Estado de derecho para determinar si se están produciendo «infracciones graves y persistentes de los valores de la Unión».

Además, avisan de las consecuencias de que durante el segundo semestre de 2024 la presidencia rotaria del Consejo vaya a estar a cargo de Hungría y piden a los 27 «soluciones adecuadas» para mitigar su impacto, así como de anticiparse a la eventualidad de que Orbán asuma temporalmente las riendas del Consejo Europeo si para junio no hay sustituto para el actual presidente, Charles Michel, que abandonará el cargo antes de concluir su mandato.

BLOQUEO DE LOS FONDOS

Los eurodiputados también se han mostrado críticos con el papel de la Comisión Europea por desbloquear los primeros 10.200 millones de euros para Hungría del fondo anticrisis, a pesar de que estaban congelados por falta de garantías democráticas y de que, afirman los eurodiputados, las reformas judiciales asumidas por el Gobierno húngaro para liberar el dinero no son suficientes para garantizar el Estado de derecho.

En este contexto, los eurodiputados advierten de que la Eurocámara pasará a estudiar posibles acciones judiciales contra el Ejecutivo de Ursula von der Leyen que permitieran revocar la decisión de liberar los fondos. Aunque para dar este paso es necesario primero que la comisión de Justicia, Interior y Libertades Civiles (JURI) analice las opciones y emita una recomendación.

En todo caso, el pleno del Parlamento Europeo reclama que no se realice ningún pago a Hungría si persisten las deficiencias democráticas porque, sostienen los eurodiputados, todos los mecanismos de financiación deben tratarse como un paquete único.

Los eurodiputados lamentan las reformas insuficientes en materia judicial pero también condenan las prácticas discriminatorias sistémicas contra el mundo académico, los periodistas, los partidos políticos y la sociedad civil en la asignación de fondos.

Del mismo modo, critican el uso de procedimientos de contratación pública manipulados, las ofertas públicas de adquisición por parte del gobierno y de entidades vinculadas al primer ministro, y el uso de fondos de la UE para enriquecer a los aliados políticos del Gobierno. Y denuncian el uso sistemático de la comunidad LGTBIQ+ como chivos expiatorios por parte de las autoridades húngaras.