La futura Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible llega este jueves al Senado para su tramitación, con la enmienda a la totalidad de Vox y con 86 enmiendas planteadas por el resto de grupos parlamentarios para intentar modificar el texto que ya refrendó el Congreso.
La Comisión de Cooperación del Senado será la encargada de debatir y someter a votación todas las enmiendas. Como ya ocurriera en el Congreso, Vox ha sido el único partido que ha presentado una enmienda a la totalidad de la futura norma, que fija por ley destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la Ayuda Oficial al Desarrollo en el horizonte de 2030.
A priori, como ya ocurriera en septiembre en el Congreso, la enmienda de Vox no prosperará. Los de Santiago Abascal fueron los únicos que votaron en contra del texto el pasado 24 de noviembre en el Pleno de la Cámara Alta.
Entonces, el texto salió adelante con 201 votos a favor –los de PSOE, Podemos y sus socios de legislatura–, 52 en contra –los de Vox además de Pablo Cambronero– y 92 abstenciones. Entre quienes se abstuvieron, estuvieron los diputados del PP así como Junts y tres diputados del Grupo Mixto.
«No podemos apoyar esta ley porque tiene carencias pero no vamos a propiciar el más mínimo parón porque ahí fuera nos necesitan mucho, por ello nos abstendremos», explicó entonces la portavoz del PP en el Congreso, Paloma Gázquez, confiando en que el trámite en el Senado permita mejorar el texto.
Para ello, los ‘populares’ han presentado un total de 19 enmiendas, la misma cifra que las planteadas por el grupo que conforman EH Bildu y ERC, mientras que el Grupo de Izquierda Confederal, en el que están entre otros Más Madrid y Compromís, ha planteado un total de 22 posibles modificaciones. Por su parte, el PSOE solo ha presentado tres. Cabe recordar que Unidas Podemos no está presente en la Cámara Alta.
ENMIENDAS DEL PP Y CS
Entre las enmiendas planteadas por el PP figura introducir la exigencia de que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional elabore anualmente un informe «sobre la vigencia y evolución» de los valores recogidos en la Constitución y también promovidos por la UE y la ONU «en cada uno de los países destinatarios de la ayuda oficial al desarrollo», con vistas a que se tenga en cuenta «para la fijación de prioridades en los sucesivos planes directores».
El PP defiende que esta enmienda ante la necesidad de «asegurarse que la cooperación internacional española la reciben países democráticos que respetan los Derechos Humanos». En cuanto al resto de enmiendas, buena parte de ellas buscan aclarar la redacción de algunos de los artículos o completarlos, en muchos de los casos para incluir una mención concreta al rol que está llamado a desempeñar el Senado.
Por su parte, Ciudadanos, como ya hizo en el Congreso, plantea que se destine al menos el 15% de la ayuda oficial al desarrollo a acción humanitaria, en lugar del 10% previsto en el texto. Asimismo, quiere que se añada un nuevo artículo que recoja el papel que desempeña la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES).
En otra de sus enmiendas, Cs propone que sea la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y no la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional la responsable de la evaluación de la política de cooperación para el desarrollo en su conjunto, y de los programas y proyectos financiados con fondos de la Administración General del Estado.
Entre los cambios planteados por Junts figura la petición de que la «educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global» reciba «un mínimo del 3% de la AOD» con participación tanto de Administración central como de la cooperación descentralizada que llevan a cabo las comunidades autónomas y los entes locales. También ERC ha presentado una enmienda en este mismo sentido.
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