El conflicto desatado en Sudán hace cuatro meses, que enfrenta al Ejército con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), ha dejado ya más de 4.000 fallecidos y una batería de abusos que, según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, pueden ser constitutivos de crímenes de guerra.

Entre las víctimas habría «cientos de civiles», incluidos 435 niños y 28 trabajadores médicos y humanitarios. Sin embargo, la ONU da por hecho que estas cifras serán mucho mayores, en la medida en que no hay un protocolo de identificación de víctimas y la intensidad de los combates impide cualquier tipo de verificación.

«Muchos civiles han muerto en la zona de Jartum por resistirse a los intentos de las RSF de saquear sus casas o violar a las mujeres de la familia», ha puesto Turk como ejemplo de la crueldad de un conflicto que ha tenido la capital y la región de Darfur como principales escenarios.

Es una guerra por el poder «desastrosa» y «sin sentido», en palabras de Turk, que ha denunciado la destrucción de viviendas, escuelas y hospitales, así como la supresión de todo tipo de servicios y suministros esenciales. La inseguridad alimentaria alcanza ya a más de 20 millones de personas y al menos 700.000 niños están en situación límite, mientras que más de cuatro millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Los desplazados y refugiados son vulnerables además a otro tipo de abusos, especialmente en el caso de las mujeres. El Alto Comisionado tiene ya sobre su mesa informes «creíbles» sobre 32 incidentes y 73 víctimas de violencia sexual. Al menos 19 de los casos corresponden a hombres que llevaban uniformes de las RSF.

«He instado a las principales autoridades de Sudán (…) a dar instrucciones claras a las personas bajo su mando de que hay tolerancia cero para la violencia sexual. Los autores deben rendir cuentas y esta violencia debe ser condenada de manera clara e inequívoca», ha reclamado Turk.

La ONU ha advertido, además, de arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas. Sólo en Jartum, al menos medio millar de personas estaban desaparecidas a finales de julio, pero como el resto de estadísticas es apenas una estimación debido al caos existente.

En este sentido, los responsables de las principales agencias de la ONU y de destacadas ONG como Save the Children, World Vision o CARE, han coincidido en un comunicado conjunto en que en Sudán se cometen acciones ilegales para el Derecho Internacional, por lo que creen que «es momento de un reinicio» tanto a nivel interno como desde el prisma global.

REANUDAR EL DIÁLOGO

«Las partes en conflicto deben cesar inmediatamente los combates, reanudar el diálogo político, cumplir sus obligaciones conforme al Derecho Internacional (…) y permitir el envío ininterrumpido de la ayuda humanitaria», ha pedido Turk, al incidir igualmente en la necesidad de investigar los abusos perpetrados.

A la comunidad internacional, le ha emplazado a «aumentar la presión política y económica» sobre los dos bandos y a incrementar el apoyo a las organizaciones humanitarias que siguen respondiendo a la crisis, tanto dentro de Sudán como en los países vecinos a los que siguen llegando refugiados. Los llamamientos de fondos apenas han logrado recaudar una cuarta parte de lo requerido.

«No hay excusa para esperar. Más de seis millones de personas en Sudán están a un paso de la hambruna. Más de 14 millones de niños necesitan ayuda humanitaria», han advertido las principales voces de la comunidad humanitaria, ante una situación sobre la que se está «perdiendo el control».