El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, ha reclamado medidas «urgentes» para «detener el derramamiento de sangre» ante el repunte de los ataques armados en el estado sursudanés de Alto Nilo, situado en el noreste del país, que han dejado cerca de 165 muertos durante los últimos cuatro meses.
«Estos asesinatos, junto a las informaciones sobre violencia de género, secuestros, destrucción de propiedades y saqueos y graves violaciones de los Derechos Humanos y abusos, deben terminar», ha dicho Turk, que ha agregado que «es importante que el Gobierno de Sudán del Sur lleve a cabo una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre la violencia y que haga rendir cuentas a los responsables en línea con el Derecho Internacional.
«Pido a los que perpetúan esta violencia sin sentido que depongan las armas e inicien un diálogo para abordar pacíficamente sus disputas», ha manifestado, al tiempo que ha alertado sobre una posible expansión de la violencia más allá de la región. Por ello, ha solicitado a líderes comunitarios que usen su influencia sobre los grupos implicados para poner fin a los combates.
Los combates se han saldado hasta ahora con la muerte de 166 civiles y con otros 237 heridos, mientras que más de 20.000 personas se han visto desplazadas dentro del país y otras 3.000 han huido a Sudán, según datos facilitados la semana pasada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que mostró su «alarma» por «el aumento de la desesperación» a causa del conflicto entre facciones armadas.
Los enfrentamientos estallaron el 15 de agosto en la localidad de Tonga, si bien desde entonces se ha expandido a otras localidades de Alto Nilo, Jonglei y Unidad. «La desesperación aumenta y más gente huye ante la intensificación del conflicto. Los civiles están siendo atacados en este conflicto implacable. Debemos garantizar que reciben protección», dijo el representante de ACNUR en Sudán del Sur, Arafat Jamal.
Sudán del Sur cuenta con un Gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz de 2018. Pese al descenso de la violencia por el conflicto político, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.
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