El Partido Democrático Constitucional (PDC) de Japón, principal formación de la oposición, ha presentado este jueves una moción de censura contra el Gobierno de Fumio Kishida al considerar insuficientes las medidas tomadas para evitar que se repitan los numerosos escándalos de financiación que han salpicado a varios altos cargos gubernamentales, lo que ha hecho que su popularidad caiga a su mínimo en más de dos décadas.
«El primer ministro (Kishida) no ha mostrado liderazgo en el asunto de ‘política y dinero’, no ha hecho ningún esfuerzo por aclarar la situación real y la revisada Ley de Control de Fondos Políticos está llena de lagunas y es insuficiente», ha declarado el jefe del Comité de Asuntos de la Dieta –el Parlamento japonés– y miembro del PDC, Jun Azumi.
Tras ello, ha pedido la disolución de la cámara y la convocatoria de elecciones generales para que el «juicio» sea «del pueblo», al considerar que las reformas gubernamentales no eliminarán la desconfianza pública, según ha publicado la agencia de noticias Kyodo News.
«La vida de la gente está siendo arrinconada. No podemos seguir confiándole la dirección del país», ha añadido tras señalar que los salarios han caído durante 25 meses consecutivos, que se une a la subida de precios por la «debilidad» del yen, la moneda nacional.
La moción estará apoyada por el Partido de la Innovación de Japón-Nippon Ishin no Kai, el Partido Comunista de Japón y el Partido Democrático Popular (PDP), aunque se espera que no salga adelante por el rechazo del gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD) y Komeito, su socio de Gobierno.
Aunque el primer ministro no se encuentra en el centro de las acusaciones de financiación irregular, el escándalo ha empañado la imagen del Gobierno y ha provocado una caída de estos apoyos.
El escándalo salió a la luz como parte de una investigación de los fiscales de Tokio por una posible violación de la ley de control de fondos políticos que involucra más de 100 millones de yenes (unos 615.000 euros) supuestamente recaudados por la facción política más grande del PLD mediante vías de recaudación de fondos que no fueron incluidas en las declaraciones de financiación política de 2018 a 2022.
