La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha anunciado este viernes un «radical» paquete de medidas contra el crimen organizado que comprende una agresiva reforma del código penal para calificar el narcotráfico de delito terrorista, la construcción de una nueva cárcel para estos condenados con capacidad para 20.000 presos, y la orden de busca y captura para «líderes y miembros de estructuras criminales y extraditables».

El anuncio ha tenido lugar tras una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad del país, que ha terminado con la declaración del llamado «Plan de Soluciones radicales contra el Crimen Organizado», un conjunto de 14 normativas destinadas especialmente a combatir el narcotráfico en las zonas con mayor incidencia criminal del país.

Aunque el ministro de Seguridad hondureño, Gustavo Sánchez, señaló a principios de junio que en los primeros cinco meses de 2024 los homicidios registraron un descenso del 23 por ciento en comparación con el mismo período de 2023, el país constató 1.069 asesinatos desde enero hasta mayo. Castro llegó a declarar a finales de 2022 la emergencia nacional por la inseguridad que registraba la nación centroamericana y declaró «la guerra» a los grupos criminales que operan en territorio hondureño.

El plan anunciado el viernes comienza con la orden a Policía y Ejército de «ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado».

Todos los detenidos en estas operaciones acabarán en el futuro Centro de Reclusión de Emergencia, con capacidad para 20.000 presos, que el Gobierno hondureño pretende levantar entre las provincias de Olancho y Gracias a Dios, en el noreste del país.

Estas medidas piden al Congreso Nacional que reforme el Código Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas en proceso pro estos crímenes e incorpore la modalidad de juicio colectivo.

Asimismo, «el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal, para que las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos, sean calificadas como terroristas», reza el texto.

Hay que recordar que organizaciones como Amnistía Internacional han expresado serias preocupaciones sobre la aproximación del Gobierno hondureño a la lucha contra el crimen organizado. Únicamente entre diciembre de 2022 y septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos.

«La presidenta Castro está siguiendo la misma estrategia impuesta hace casi dos años por Nayib Bukele en El Salvador, también con consecuencias terribles», denunció Amnistía en diciembre del año pasado.