La crisis política en que vive sumido Níger amenaza con provocar un empeoramiento de una emergencia humanitaria que ya de por sí era «compleja» y a «gran escala» antes del golpe de Estado del 26 de julio, según las organizaciones humanitarias que examinan la situación sobre el terreno.

La incertidumbre ha marcado estas últimas semanas, en las que la junta golpista ha cerrado el espacio aéreo y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) ha tratado en vano de mediar, con avisos incluso de una intervención militar si no se restaura el «orden constitucional».

La ONU recuerda que 4,3 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Níger. Unos 3,3 millones requieren asistencia alimentaria urgente por la conocida como estación seca, entre junio y agosto, en un contexto que ya venía marcado por la inseguridad, los desastres climáticos y el aumento de los precios de productos básicos.

Los primeros análisis por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) anticipan que «la crisis política probablemente exacerbará los ya de por sí elevados niveles de inseguridad alimentaria», como explica la agencia en su informe más reciente. En particular, teme que los cierres de los pasos fronterizos con Nigeria y Benín mermen los suministros y desencadenen una nueva subida del precio de los alimentos.

Apenas una semana después de que la CEDEAO anunciase las primeras sanciones, el precio del arroz ya acumulaba subidas cercanas al 17 por ciento, y los expertos vaticinan que los castigos penalizarán especialmente a quienes dependen de las exportaciones –principalmente en el sector agrícola– o de las remesas internacionales.

Además, apunta el PMA, «las congelaciones de cuentas bancarias y la suspensión de la ayuda internacional reduce el presupuesto del Gobierno, lo que afecta a sus programas humanitarios y para el desarrollo».

ADAPTARSE AL NUEVO ESCENARIO

El director en funciones de Plan International Níger, Nahiou Hima, coincide en que «la inestabilidad política en Níger se produce en un momento en el
que las necesidades humanitarias ya eran enormes», con un conflicto latente desde el año 2015 y una crisis de desplazamiento abierta.

Cerca de 700.000 personas habían tenido que abandonar sus hogares hasta junio por la inseguridad, según la ONU, que estimaba en más de 350.000 los desplazados internos antes del golpe.

Para ONG como Plan, la prioridad pasa por «seguir proporcionando ayuda humanitaria de primera necesidad a los niños y niñas más vulnerables y a sus familias». «Estamos trabajando sin descanso para garantizar que nuestros programas de alimentación, protección infantil y educación puedan seguir funcionando sin problemas», ha señalado Hima.

Las organizaciones internacionales piden a todas las partes que, al margen de consideraciones políticas, antepongan los intereses de la población y permitan a los cooperantes seguir realizando su labor. Agencias como el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) están ya revisando los planes de ayuda que tenían previstos para 2023, asumiendo que la realidad ahora es otra y, previsiblemente, peor.

También está por ver el alcance regional de esta crisis. El secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, «profundamente preocupado», señala en un comunicado que «en este contexto tan volátil existe un grave peligro de que la desestabilización vaya a más tanto para el país como para el resto de la región».

«No podemos saber el impacto sobre los civiles, tanto en términos de necesidades humanitarias como de protección, cuando los imperativos militares tienen prioridad sobre el gobierno civil. Níger tiene la población más joven y una de las más pobres del mundo», advierte.