Líderes de ocho países de la UE reclaman a los socios medidas para reforzar el control de la frontera común

Líderes de ocho países de la UE reclaman a los socios medidas para reforzar el control de la frontera común

Los líderes de ocho países de la Unión Europea, entre ellos Austria y Grecia, han reivindicado en una carta a sus socios la urgencia por avanzar de manera «tangible» en el control de «todas las rutas» de migración irregular hacia la Unión Europea, lo que en su opinión pasa por agilizar las deportaciones –como defiende también Bruselas– pero además por destinar «fondos adicionales» a medidas «operativas y técnicas» para reforzar la frontera exterior común.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los jefes de Estado y de Gobierno de Austria, Dinamarca, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta y Eslovaquia reclaman «actuar con decisión» para evitar nuevas crisis migratorias como la vivida en 2015 y reivindican la necesidad de que de la cumbre que reunirá a los mandatarios de la UE este jueves y viernes en Bruselas salgan «avances tangibles».

El rápido aumento de la presión migratoria tras el fin de la pandemia en las fronteras de varios países de la UE, en especial desde la ruta de los Balcanes occidentales y del Mediterráneo oriental, obligó a incluir en esta cumbre extraordinaria una discusión sobre la respuesta común.

Del debate de líderes no se esperan decisiones decisivas que desbloqueen la reforma de la política de migración y asilo –sobre la mesa desde hace más de dos años– porque no entrarán en la cuestión del reparto de la carga del asilo que genera fuertes divisiones y, según fuentes europeas, los asuntos más sensibles del Pacto de Migración requieren aún de mucho trabajo técnico antes de poder ser tratados a nivel político.

No obstante, los Veintisiete están llamados a mostrar el compromiso político para avanzar en las negociaciones del Pacto de Migración, agilizar los retornos, revisar la cooperación con países terceros y potenciar el control de la frontera exterior.

Ello, además, llega en un momento en el que países como Austria y Grecia retoman la presión para poder financiar con fondos europeos la construcción de muros en sus fronteras y frenar así las llegadas, algo que Bruselas rechaza de plano.

El Ejecutivo comunitario asume que la instalación de barreras fijas como alambradas o verjas es una cuestión de competencia nacional, dentro de la gestión de cada Estado miembro de sus fronteras, pero defiende que no se pueden destinar recursos comunitarios a ese fin, aunque sí a otras medidas que ayuden a vigilar mejor el paso fronterizo como drones o puestos móviles.

En este contexto, la carta que las ocho capitales dirigen a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo europeo, Charles Michel, reclama un enfoque global para encarar los problemas «en todas las rutas» migratorias de entrada a la UE y sostienen que el actual sistema de asilo común «está roto» y beneficia principalmente a las mafias que trafican con personas.

Por ello piden progresos de calado en la negociación del Pacto de Migración y en la revisión del Código Schengen «lo antes posible», y en esa línea abogan por «estar abiertos a explorar nuevas soluciones y vías innovadoras para encarar la migración ilegal», incluidos «ajustes legales y técnicos».

En lo que a la frontera exterior se refiere, los ocho países piden respaldo para los «esfuerzos» que cada gobierno emprende para reforzar el control en función de sus necesidades y especificidades, por ejemplo con el «despliegue de infraestructuras y vigilancia aérea prefronteriza».

«Deben fijarse criterios de protección de las fronteras exteriores de la UE y se debería contribuir con apoyo adicional del presupuesto europeo existente a la implementación de las medidas operativa y técnicas pertinentes para un control fronterizo eficaz», defienden los países en su carta.

Este grupo de países enumera otras iniciativas ya sugeridas por Bruselas como revisar la relación con países terceros socio para que sea más «efectiva» y centrar gran parte de los esfuerzos en agilizar las deportaciones, no sólo asegurando que se realizan los retornos que se dictan sino también «protegiendo mejor a los refugiados en sus regiones de origen», dicen, actuando contra la «instrumentalización» de la migración y las mafias.


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