Los fabricantes de automóviles y furgonetas de Europa han instado a los responsables de la toma de decisiones en la Unión Europea (UE) a tomar medidas sobre las normativa ‘CAFE’ de emisiones de CO2 que entra en vigor el próximo año, antes de que finalice 2024, para evitar daños a la competitividad y el empleo, según un comunicado publicado por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

La asociación pide que se cree «claridad sobre el empleo y las inversiones antes de fin de año para apoyar, en lugar de obstaculizar, la transición verde y evitar daños innecesarios a la competitividad de Europa».

Acea reconoce que la industria europea de automoción sigue comprometida con el objetivo de neutralidad climática de la UE para 2050, y con la transición hacia una movilidad de cero emisiones. Sin embargo, señala que a medida que en 2025 entren en vigor los nuevos límites de emisiones de CO2 para automóviles y vehículos comerciales, los fabricantes «serán los únicos que sufrirán las consecuencias perjudiciales si no se cumplen los objetivos».

La normativa ‘CAFE’ (Emisiones de Combustible Medias Corporativas, por sus siglas en inglés) ha establecido que, a partir de 2025, las emisiones de CO2 bajará a 93,6 gramos por kilómetro de los coches vendidos en los 27 países de la UE, aquel fabricante que incumpla puede verse sancionado con hasta 95 euros por cada gramo excedido según la ley.

La patronal europea de automoción, por tanto, indica que a diferencia de hace cuatro años, para cumplir con los objetivos más estrictos de reducción de CO2, «esta vez es necesaria una interacción fluida de factores que están dentro y fuera del control directo de los fabricantes».

Asimismo, apunta que los objetivos regulatorios y la oferta de automóviles «por sí solos no son suficientes» y que la transición también debe estar impulsada por el mercado. No obstante, recalca que las ventas de vehículos eléctricos están estancadas actualmente en alrededor del 13% de la cuota de mercado en Europa, lo que quiere decir, 10 puntos porcentuales por debajo de lo que deberían estar, «y esta brecha es demasiado grande para cerrarla a tiempo».

«Una declaración de apoyo oportuna e inequívoca en este momento crucial de la transición es fundamental para garantizar la competitividad y los empleos a lo largo de la cadena de valor», añade Acea.

RIESGO DE PERDERSE 16.000 MILLONES DE EUROS EN INVERSIÓN

Además, el presidente de Acea y también consejero delegado de Grupo Renault, Luca de Meo sostiene que «sin una declaración política clara de la Comisión Europea antes de finales de 2024, como también han pedido los gobiernos alemán, francés, italiano y de otros países europeos, la industria del automóvil corre el riesgo de perder hasta 16.000 millones de euros en capacidad de inversión, ya sea pagando multas, reduciendo la producción, asociándose con competidores extranjeros o vendiendo vehículos eléctricos con pérdidas».

En este sentido, De Meo subraya que esperar al inicio del diálogo estratégico de la Comisión sobre el futuro de la industria del automóvil o a la revisión de la legislación sobre las normativas de emsiones de CO2 en 2026 «no es una opción, por muy bienvenidas y necesarias que sean ambas».

«Los fabricantes necesitan claridad ahora para finalizar las estrategias de cumplimiento, hacer acuerdos de agrupación y otras disposiciones para 2025», añade.

«EL PAGO DE MULTAS DEBERÍA SER LA EXCEPCIÓN»

El directivo del grupo francés de automoción también señala que «en un sistema que funcione bien, el pago de multas debería ser la excepción, no la norma». Además, afirma que evitar las multas debería basarse en criterios sólidos, «no en causar daños».

«Los miembros de la Acea han prometido 250.000 millones de euros para la transición a la movilidad ecológica y, como todo el mundo, queremos que esto tenga éxito. Lamentablemente, la evaluación honesta debe ser que la transición no va según lo previsto y que apegarse a la rigidez legal conduce a daños potencialmente irreversibles. La flexibilidad legal, en cambio, mantendrá el flujo de inversiones y la transición en marcha», explica De Meo.

Acea, por último, indica que las opciones que se están analizando actualmente para aliviar la carga de cumplimiento, como la introducción gradual o el cumplimiento promedio de varios años, no alteran los objetivos de CO2 ni las ambiciones climáticas generales de la Unión Europea, sino que «abordan realidad del mercado que escapan al control de los fabricantes».

En este sentido, nombra entre los factores que conforman esta realidad a las tensiones comerciales, el aumento de los costes de fabricación, el lento crecimiento de la infraestructura de carga y la disminución de los subsidios a las compras. «Estas opciones también son ya conocidas en la legislación de la UE (por ejemplo, para vehículos más pesados, como camiones y autobuses) y se utilizan en otras jurisdicciones importantes con legislación de reducción de CO2», concluye.