La Comunidad de Madrid ha presentado ya el requerimiento para exigir al Gobierno de España sus «obligaciones de financiación» en aplicación de la Ley de Eficiencia en la Justicia.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, este viernes desde la Real Casa de Postas, después de que a principios de semana anunciara que iba a presentar requerimiento previo al Gobierno central para que «de forma inmediata evalúe el coste» de esta ley, con un plazo de un mes para responder, y si no llevar este asunto ante el Tribunal Supremo.

«En el caso de que no cumpla con esas obligaciones de financiación, que tiene el plazo de un mes para contestar a este requerimiento, desde luego interpondremos el correspondiente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo», ha avanzado el también portavoz del Gobierno autonómico.

Lo que busca es que el Gobierno analice los costes que va a suponer la implantación de esta ley «en todas y cada una de las comunidades autónomas» y que ponga en marcha los mecanismos necesarios a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera para «resarcir a las comunidades autónomas con competencias transferidas del coste de implantación».

«A pesar de no haber contado con el Poder Judicial, de no haber contado con las comunidades autónomas, de no contar con la financiación suficiente y necesaria, Madrid necesitaría 43 millones de euros para implantar esta ley, nosotros no somos unos insumisos, nosotros cumplimos la ley», ha subrayado García Martín.