El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene previsto reunirse este martes con el conseller de Interior de Cataluña, Joan Ignasi Elena, quien hace casi dos meses le reclamó por carta que se pusiera escolta en Bélgica al expresidente Carles Puigdemont, por lo que se remitió una consulta a la Abogacía del Estado.
Según informan fuentes del Ministerio del Interior, se trata de una reunión de trabajo y continuidad para abordar asuntos comunes de coordinación. La cita está fijada para hoy en la sede en Madrid del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.
El pasado 13 de noviembre, Puigdemont exigió escolta alegando que había aumentado «el nivel de peligrosidad y riesgo». La petición la formuló coincidiendo con la semana en la que fue investido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con los votos de su partido, Junts, tras registrarse la proposición de ley de amnistía que quiere perdonar los delitos cometidos por el propio Puigdemont y por el resto de políticos y procesados por el ‘procés’.
PIDIÓ MÁXIMA URGENCIA
Un día después, Joan Ignasi Elena remitió una carta a Grande-Marlaska para solicitar la escolta «con la máxima urgencia». En su escrito recordó que, hasta la fecha, todas las peticiones elevadas por parte de los consellers Miquel Buch, Miquel Sàmper y también suya habían sido rechazadas por el Gobierno.
Fuentes del Ministerio del Interior apuntaron a mediados de noviembre que se había dado traslado de tal petición a la Abogacía del Estado, antes de realizar «ningún trámite ni valoración». Recordaron también que la legislación limita a priori este tipo de protección fuera de España y que, en el caso de Bélgica, tiene que ser este país el que autorice la presencia de policías provistos con armas reglamentarias.
En 2018, se negó la escolta a Puigdemont previo informe de la Abogacía del Estado por dos cuestiones: su pérdida de condición de autoridad pública y la existencia de un proceso judicial contra él y una orden de detención interpuesta sobre su persona en territorio español.
El servicio de escolta a Puigdemont ha generado diferentes polémicas desde su huida de España en 2017 para evitar la acción de la Justicia. La Audiencia de Barcelona condenó al exconseller de Interior catalán Miquel Buch a cuatro años y medio de cárcel por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para que escoltara al expresidente.
AMPLIACIÓN DE PLANTILLA DE LOS MOSSOS
Otra de las medidas con novedades en las últimas semanas afecta a la ampliación de plantilla de los Mossos d’Esquadra. La consellera de Economía y Hacienda de Cataluña, Natàlia Mas, anunció horas antes de la reunión el 21 de diciembre entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Pere Aragonès, que habían pactado destinar 1.600 millones de euros para permitir el despliegue de 3.000 agentes más de los Mossos, hasta los 22.006 efectivos en 2030.
La consellera explicó que el acuerdo también contemplaba 46 millones de euros para igualar la jubilación anticipada de los Mossos con los cuerpos de Policía Nacional y Guardia Civil.
Desde el Ministerio del Interior, por su parte, señalaron que el acuerdo para la incorporación de 3.000 agentes más de los Mossos estaba «en sintonía» con el proceso de incremento de las plantillas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Tal medida se acordó en la junta de seguridad entre Generalitat y Gobierno en 2022 –y luego se incluyó en el acuerdo de investidura de Sánchez entre PSOE y ERC–, destacando las fuentes de Interior que suponía un «acortamiento del plazo para la ampliación de la plantilla» de la policía catalana.
