El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha resaltado que la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) «ha permitido a 28.575 jóvenes y personas vulnerables un ahorro de 38,3 millones de euros».
Mazón ha destacado, en un comunicado, «en la política fiscal del Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a la vivienda a quienes más lo necesitan» y ha explicado que entre enero de 2024 y junio de este año se han presentado 28.575 declaraciones de transmisiones patrimoniales, acogiéndose a las nuevas tarifas vigentes desde el 1 de enero de 2024, «que han supuesto un ahorro medio para cada contribuyente de 1.341 euros».
Estos declarantes han abonado un total 114,9 millones de euros frente a los 153,2 millones que hubieran tenido que pagar, por lo que el ahorro total para los ciudadanos alcanza los 38,3 millones.
Por provincias, Alicante presenta un ahorro medio de 1.293 euros en 10.838 declaraciones, frente a las 4.180 realizadas en Castellón, que han supuesto un ahorro de 1.192 euros de media. En cambio, en la provincia de València se han registrado 13.557 declaraciones, con un ahorro medio por contribuyente de 1.426 euros.
El jefe del Consell ha señalado que la rebaja del 25% del ITP para menores de 35 años, en la que el tipo pasa del 8% al 6% para la adquisición de vivienda habitual, es la que ha presentado mayor beneficio para los ciudadanos, con 20.021 declaraciones con un ahorro total de 29,2 millones de euros, siendo la media por contribuyente de 1.458 euros
El reparto por provincias ha sido de 7.163 contribuyentes en Alicante, que han ahorrado en total 10,1 millones de euros; 2.935 en Castellón, con un ahorro global de 3,9 millones, y 9.923 en Valencia, que han ahorrado 15,2 millones de euros.
En relación a otros colectivos que se benefician de la rebaja del ITP, Mazón ha hecho referencia a las personas con discapacidad, ya que se han ahorrado una media de 771 euros, mientras que el ahorro en las familias numerosas y monoparentales se sitúa en 569 euros y en las mujeres víctimas de violencia en 862 euros.
Las desgravaciones fiscales en materia de vivienda también contemplan un tipo reducido del 6% para compradores de vivienda habitual de protección oficial de régimen general. En este caso, el ahorro medio alcanzado ha sido de 1.554 euros, frente a los inmuebles del régimen especial, cuyo ahorro medio para los beneficiarios ha alcanzado los 768 euros.
AVANCES EN LA LEGISLATURA DE LA VIVIENDA
Mazón ha subrayado asimismo la apuesta del Consell por una política «integral, transversal y eficaz» en materia de vivienda, «basada en hechos y acciones, no en anuncios». Así ha destacado como principales líneas de actuación las administrativas, con el fin de agilizar trámites; las medidas fiscales que incluyan deducciones para la compra y el alquiler de viviendas, así como legislativas que promuevan el desarrollo de viviendas protegidas y velen por los derechos de los propietarios ante la okupación y la ‘inquiokupación’.
En este sentido, ha remarcado algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Consell en menos de dos años «para avanzar en la legislatura de la vivienda», como el nuevo Decreto de Vivienda de Protección Pública que contempla la reserva del 40% de las promociones públicas y privadas para jóvenes y familias monoparentales, el plan VIVE para el desarrollo de 10.000 viviendas y la línea de avales del Institut Valencià de Finances (IVF) para el acceso al crédito a jóvenes que necesitan financiación para la adquisición de su primera vivienda, que se suman a las rebajas del ITP.
Al respecto, ha recordado que 1.475 jóvenes de entre 18 y 45 años de la Comunitat Valenciana se han beneficiado del programa de garantías de la Generalitat para la compra de su primera vivienda, lo que ha permitido la adquisición de inmuebles por un importe superior a los 117 millones de euros. Desde su puesta en marcha, se han aprobado 1.022 operaciones con un importe avalado de 12,9 millones.
Del mismo modo, ha puesto en valor las nuevas medidas fiscales incluidas en los Presupuestos de la Generalitat, como la rebaja generalizada del 10% en el ITP, además del descenso del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, entre otras.
Mazón ha asegurado que estas actuaciones demuestran «una respuesta eficaz, seria y rigurosa a un problema que durante muchos años ha estado abandonado por el ejecutivo autonómico anterior», al tiempo que ha instado al Gobierno a abordar la vivienda como una «cuestión de Estado, en plena coordinación con las autonomías para aunar esfuerzos en lugar de imposiciones», con el fin de «hacer efectivo y más justo el acceso a una vivienda pública».