El Gobierno de Melilla, presidido por el Partido Popular (PP), ha culpado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por los cortes de agua en la ciudad provocados por los fallos en la planta desaladora y confirma que estudia poner en conocimiento de la justicia los «incumplimientos contractuales detectados» en dicha planta, entregada en marzo de 2024 por la CHG, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La CHG, a través de la Delegación del Gobierno en Melilla, ha rechazado esta acusación y hace un llamamiento al Gobierno de Imbroda (PP) «para que desaparezcan algunas trabas burocráticas y de interlocución, y poder así reanudarse las obras de abastecimiento en beneficio de los y las melillenses», al tiempo que denuncia que desde hace más de un año les impiden la entrada a la desaladora.

Según ha informado el consejero de Medio Ambiente, Daniel Ventura, el cuarto módulo de la planta permanece inactivo tras sufrir un grave incidente el pasado 31 de enero, provocado por la rotura de un tubo de presión de reciente instalación. Este fallo, según ha explicado Ventura, «podría deberse a un defecto de fabricación o montaje y actualmente es objeto de reclamación a la empresa suministradora».

Como medida preventiva, el Gobierno local ha ordenado la retirada de todos los tubos de presión de esa misma marca en el resto de los módulos «hasta determinar si es necesaria una sustitución completa».

El Ejecutivo melillense ha asegurado que la instalación fue entregada «en un deficiente estado», con graves deficiencias, falta de mantenimiento y documentación incompleta. «Recibimos la planta sin autorizaciones, sin documentación técnica y sin garantía de que cumple la normativa vigente», ha asegurado la Consejería, que todavía espera la entrega de los manuales de operación, certificaciones de calidad y legalización de las instalaciones, «tal como se comprometió la CHG en el acta de cesión».

La desaladora de Melilla, diseñada para producir 32.000 metros cúbicos de agua al día, ha visto reducida su capacidad operativa desde el martes 11 de junio, cuando un disparo del sistema eléctrico general obligó a paralizar su funcionamiento. Desde entonces, los técnicos han conseguido recuperar progresivamente tres de los cuatro módulos, garantizando el suministro hasta las 23,00 horas, según ha detallado el consejero Medio Ambiente. No obstante, el cuarto módulo, objeto de discusión con el CHG, «permanece fuera de servicio desde hace meses», motivo por el que no descartan llevar el asunto a los juzgados.

LA CHG NIEGA LA ACUSACIÓN

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha rechazado este lunes las acusaciones vertidas por el Gobierno de Melilla y le reprocha que con ello «elude de nuevo su responsabilidad en la gestión diaria de la desaladora» y mantiene una actitud «negativa y reiteradamente hostil» hacia el organismo desde la entrega de las obras de ampliación, realizada en marzo de 2024.

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que antes de la entrega «se constató el correcto funcionamiento de los cuatro módulos de ósmosis inversa, que no pueden operar simultáneamente por limitaciones en la potencia eléctrica disponible».

En relación con el incidente eléctrico que lleva provocando cortes de agua desde el pasado miércoles 11 de junio, la CHG señala que no ha recibido notificación oficial de la Ciudad Autónoma y que toda la información obtenida ha sido a través de los medios de comunicación.

Según ha explicado, el corte de suministro «provocó daños en los bombeos y conducciones gestionadas por el Gobierno local, así como la parada de la propia desaladora, cuya computadora de control quedó desconfigurada, requiriendo una compleja y prolongada reprogramación técnica».

El organismo subraya que estos problemas se originaron «en la red eléctrica ajena a la CHG» y que su actuación respecto a la ampliación de la planta «se ha ajustado a los procedimientos técnicos establecidos».

Además, ha lamentado «las dificultades para acceder a la instalación desaladora, pese a las peticiones formales remitidas a la Ciudad Autónoma -la última, el 7 de marzo- sin que hasta ahora se haya obtenido respuesta».

Según ha apuntado, esta falta de acceso ha retrasado actuaciones técnicas esenciales «como inspecciones de seguridad, certificaciones y pruebas finales necesarias para completar la legalización de la ampliación».

La confederación ha alertado de que los cerca de 30 millones de euros invertidos por el Gobierno de España en la ampliación de la desaladora y los 11 millones destinados a la mejora de la red de abastecimiento «corren el riesgo de no cumplir su objetivo si la Ciudad Autónoma no gestiona adecuadamente la planta».

Como ejemplo de deficiencia en esta gestión, ha citado la reparación «deficiente y tardía» de elementos del inmisario submarino o «el deficiente estado de mantenimiento detectado en las instalaciones por los técnicos de la CHG».

Finalmente, la confederación ha enviado un escrito al Ejecutivo melillense en el que reitera su petición de acceso a la planta desaladora, a fin de finalizar las tareas pendientes. Asimismo, hace un llamamiento para eliminar las «trabas burocráticas y de interlocución» que dificultan la reanudación de las obras de mejora en beneficio de toda la ciudadanía de Melilla.